El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y someter a votación este martes una proposición no de ley (PNL) registrada por el PP con el objetivo de frenar el aumento del uso de armas blancas en delitos de extrema violencia. La propuesta plantea, entre otras medidas, ampliar el catálogo de armas blancas prohibidas, reforzar los controles en las ventas por Internet y revisar la Ley Penal del Menor.
La semana pasada, en respuesta a una pregunta del portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a impulsar "a la mayor brevedad" nuevas iniciativas para combatir el uso de armas blancas en espacios públicos y "evitar disfunciones".
Según la iniciativa, recogida por Europa Press, el PP reclama al Gobierno endurecer de forma urgente distintos requisitos y controles para actuar contra los distribuidores irregulares, mejorar los sistemas de identificación de compradores y revisar las normas de intervención en plataformas 'online' donde, tal y como advierte, es posible adquirir este tipo de armas sin verificación de edad ni trazabilidad de la compra.
El texto del Grupo Popular incluye también cambios en los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana para tipificar como infracciones muy graves portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de forma negligente, temeraria, intimidatoria o fuera de los lugares autorizados, siempre que estos comportamientos no constituyan delito.
En ese mismo paquete, el PP propone incorporar en el artículo 36 de la ley la exhibición de objetos peligrosos para la vida o la integridad física con finalidad intimidatoria, cuando no llegue a ser delito o infracción muy grave, y fijar en los artículos 33 y 39 una progresión "precisa y rigurosa" de las sanciones vinculada a la reincidencia en infracciones graves por tenencia y exhibición de armas blancas.
La proposición reclama además modificar los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer pautas "más claras y estrictas" sobre la detención de quienes muestren armas blancas con ánimo intimidatorio.
Paralelamente, el Grupo Popular plantea reformar el Código Penal para introducir en el artículo 148.4 la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas; aumentar en el artículo 563 la pena de prisión por tenencia de armas prohibidas, pasando de la horquilla actual de uno a tres años a otra de dos a cinco años; y valorar que la reiteración en infracciones graves o muy graves y el incumplimiento de las sanciones impuestas sean determinantes de responsabilidad penal.
El paquete de medidas se completa con la petición de revisar la Ley del Menor para adaptar los preceptos relativos a las medidas aplicables a menores infractores penales que utilicen armas blancas en los hechos por los que hayan sido condenados, así como en lo referente a las medidas cautelares.
Incremento de agresiones y sanciones por armas blancas
En la exposición de motivos, el PP sostiene que desde la pandemia los altercados y agresiones con arma blanca han aumentado "exponencialmente" en todo el país, y destaca especialmente los datos de Cataluña, Madrid y el País Vasco.
El documento recuerda que los sindicatos policiales llevan tiempo advirtiendo de que el problema exige una intervención inmediata porque "no se trata de repuntes puntuales". Añade que antes las amenazas solían formularse de forma verbal, mientras que ahora "en el 41 por ciento de los casos se usa un arma blanca".
La proposición detalla que en 2024 se alcanzó en la Comunidad de Madrid el máximo histórico de sanciones administrativas por portar armas blancas, con 4.251 multas, la cifra más elevada de los últimos ocho años y un incremento del 60,8% respecto a 2017. Esa cantidad supone, además, el 14,1% del total de infracciones de este tipo registradas en España en ese ejercicio.
El PP afirma igualmente que entre 2020 y 2023 el decomiso de armas blancas en Cataluña creció un 65%, mientras que las sanciones por tenencia de armas en 2022 se situaron en 6.267 denuncias administrativas, un 80% más que en 2019. En el conjunto del país, las agresiones con arma blanca se habrían disparado un 35% en cuatro años y, según datos de 2022, cada día se producían diez agresiones con estos objetos.
Además, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 indica que, en relación con el mecanismo feminicida en 2024, el método más utilizado continúan siendo las armas blancas, empleadas en 17 ocasiones, un 34%. Por ello, algunas fiscalías especializadas plantean introducir la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas en la conducta recogida en el artículo 148.4 del Código Penal con carácter imperativo.
Críticas del PP al protocolo del Ministerio del Interior
La iniciativa recuerda que el Ministerio del Interior aprobó en 2022 una instrucción con un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre el control de armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana, actualizado mediante la Instrucción 9/2025, de 26 de junio. Sin embargo, sostiene que, pese a ello, los Cuerpos de Seguridad consideran que dicho protocolo resulta insuficiente para garantizar una actuación eficaz porque "es la normativa la que no es suficiente o no es clara".
A juicio del PP, esta reforma "no ha resuelto todos los problemas" que afronta la labor policial, "en particular la de criterios diversos en las distintas comunidades".
Por último, el grupo parlamentario defiende la necesidad de "un estudio detenido" de las modificaciones legales que deban acometerse, contando con las aportaciones de las Fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces. Añade que ninguna reforma será efectiva si no se refuerzan los dispositivos frente a las reyertas con armas blancas en las zonas con mayor incidencia, dotando del número adecuado de agentes y de medios de protección a las unidades más directamente implicadas en la lucha contra la delincuencia violenta.