El Pleno del Congreso someterá este jueves a votación la derogación o convalidación del decreto ley que extiende el denominado 'escudo social', en el que se mantiene la moratoria antidesahucios. PP, Vox y Junts han vuelto a anunciar que votarán en contra de un texto que ya fue rechazado semanas atrás en la Cámara Baja.
Como ocurre con cualquier decreto ley, la norma del escudo social, que también recoge la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables, se aplica desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Sin embargo, debe pasar por el Congreso en un plazo máximo de treinta días para decidir si se deroga o se convalida de forma definitiva.
La extensión del escudo social ya se debatió y votó en el Parlamento hace aproximadamente un mes, entonces integrada en un único decreto junto con la revalorización de las pensiones, que fue finalmente derogado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que rechazaron aquel decreto defendieron, entre otros motivos, que respaldaban la subida de las pensiones, pero no compartían la moratoria antidesahucios ni la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a la población vulnerable. Ante esta situación, el Gobierno optó por fraccionar el contenido en dos decretos distintos que se someterán ahora a votación por separado.
Asimismo, el Ejecutivo incorporó una modificación a propuesta del PNV en el decreto del escudo social para excluir de la prohibición de desahuciar a los propietarios que sólo disponen de una vivienda alquilada. Pese a este cambio, PP, Vox y Junts han reiterado que mantendrán su rechazo al decreto.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, reiteró este miércoles el voto negativo de su grupo argumentando que el texto ampara las “ocupaciones” al dificultar el desalojo de una persona en situación de vulnerabilidad económica, mientras que fuentes del Gobierno sostienen que Junts está recurriendo a pretextos.
Ayudas a víctimas y tope de precios en emergencias
Junto a este decreto, el Congreso también votará las normas relativas a las ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones y el establecimiento de un límite a los precios de determinados productos y servicios en contextos de emergencia.
El decreto de apoyo a las víctimas de los siniestros ferroviarios prevé compensaciones económicas que van desde 2.404 hasta 84.141 euros, en función de la gravedad y categoría de los daños sufridos. A su vez, el decreto que fija un tope a los precios persigue limitar, por ejemplo, el coste de productos y servicios en situaciones como los accidentes ferroviarios del pasado enero o los temporales registrados en Andalucía.
Con esta regulación, el Gobierno podrá imponer un límite al precio de un bien o servicio cuando declare una situación de emergencia, de forma que no pueda superar el precio máximo que haya tenido en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación.