El PP y UPN llevarán este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y extender los supuestos en los que puede imponerse la pena de prisión permanente revisable. La iniciativa incorpora dos nuevos escenarios: que el condenado haya hecho desaparecer el cuerpo de la víctima o no facilite información sobre su paradero, y que el autor ya hubiera sido previamente sentenciado por un delito de asesinato.
Una propuesta con el mismo objetivo ya se discutió en la Cámara Baja hace cuatro años a iniciativa del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y dos exdiputados de UPN. Aquel texto llegó impulsado por Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven asesinada en 2019 en una localidad valenciana y cuyos restos continúan sin aparecer por la falta de explicaciones de su homicida confeso. La reclamación contó también con el respaldo de las familias de Diana Quer y Marta del Castillo.
Aquella proposición superó el debate de toma en consideración gracias al apoyo adicional de Vox y del PSOE, cuya dirección ya advirtió de que introduciría cambios mediante enmiendas. Sin embargo, la tramitación parlamentaria quedó inconclusa y la norma decayó con la disolución de las Cortes.
Medio centenar de condenas de prisión permanente revisable
En el nuevo texto, al que ha tenido acceso Europa Press, PP y UPN plantean reformar el apartado 1 del artículo 140 del Código Penal para añadir dos supuestos más. Actualmente, la prisión permanente revisable se contempla para asesinatos de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, homicidios cometidos tras delitos contra la libertad sexual, crímenes vinculados a organizaciones terroristas, genocidio y el asesinato del Rey o de jefes de Estado extranjeros.
Desde su incorporación al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy frente al rechazo de los partidos de izquierda, los tribunales han dictado esta pena máxima en alrededor de medio centenar de procedimientos, “todos ellos de gran repercusión en la opinión pública por las circunstancias de especial crueldad de los delitos objeto de enjuiciamiento".
Los grupos proponentes sostienen que la ciudadanía “mayoritariamente a favor” de mantener este castigo máximo para los delitos más graves y apuntan que en torno al 80% de la población respalda la medida, vigente desde hace más de una década.
Asimismo, recuerdan que, tras el aval del Tribunal Constitucional en 2021, en una sentencia que concluye que la prisión permanente revisable no vulnera el carácter reeducador de las penas, consideran oportuno “profundizar en los efectos de prevención general y prevención especial en algunas figuras del delito de asesinato".
Ocultar el cadáver, un “dolor añadido” a las familias
Sobre la ocultación del cadáver, PP y UPN argumentan que, más allá del sufrimiento por la pérdida de la vida, la imposibilidad de recuperar el cuerpo de la víctima para celebrar las exequias supone “un dolor añadido” para sus allegados. Defienden que cuando el autor se niega a indicar dónde se encuentra el cuerpo incurre en una conducta que concurre con el asesinato y que busca causar “un daño concreto y específico” a los familiares.
Por ello, el texto propone que este comportamiento sea castigado con una sanción más severa y añade que la prisión permanente revisable podría servir también como incentivo para que el condenado revele la localización del cadáver, incluso una vez sentenciado, ya que esa colaboración podría favorecerle en una eventual suspensión de la pena tras cumplir veinticinco años de prisión efectiva, en los términos que fija el artículo 92.1.c) del Código Penal.
Herramienta de prevención especial frente a la reincidencia
En relación con la reincidencia, la proposición subraya que, pese a que la pena por asesinato es elevada, el condenado puede llegar a recuperar la libertad mediante beneficios como la suspensión de la pena o los permisos penitenciarios. La comisión de un nuevo asesinato en esas circunstancias “justifica el uso de la prisión permanente revisable como instrumento de prevención especial respecto del delincuente que encuentra en esas circunstancias plena justificación".
En esta línea, PP y UPN señalan que “sorprende a los ciudadanos ver casos en los que un delincuente ya condenado por asesinato en el pasado vuelve a cometer tal delito al encontrarse de nuevo en libertad" y recalcan que la perpetración de otro asesinato pone de manifiesto “una tendencia criminal de la que la sociedad tiene el legítimo derecho a precaverse".