El Congreso decide mañana si reforma la Constitución para que Formentera cuente con senador propio

El Congreso vota una reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio y deje de compartir circunscripción con Ibiza.

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El Pleno del Congreso afrontará este jueves el debate y la votación de la reforma puntual de la Constitución Española promovida por el Parlamento de Baleares, con el objetivo de retocar el artículo 69.3 y dar respuesta a la demanda histórica de que Formentera tenga un senador propio y deje de ir ligada en el mismo “tándem” electoral que mantiene ahora con Ibiza.

Al tratarse de una modificación constitucional, se exige una mayoría de tres quintos en la Cámara Baja, lo que obliga a sumar a PP y PSOE. Durante el recorrido parlamentario, los 'populares' optaron por la abstención en las dos votaciones celebradas y este jueves aspiran a introducir un cambio relativo a una denominación en catalán.

En concreto, el Pleno deberá votar una enmienda del PP que persigue que en el texto constitucional se conserve la forma Ibiza en castellano y no la de Eivissa planteada por el Parlamento balear.

La Cámara autonómica de Baleares ya había intentado sin éxito en tres legislaturas anteriores que las Cortes Generales sacaran adelante esta reforma de la Carta Magna. En esta ocasión, el Congreso ha acelerado los plazos y ha acordado una tramitación por el procedimiento de lectura única, sin fase de ponencia ni paso por comisión.

Actualmente, Formentera e Ibiza conforman una circunscripción única para elegir representación en el Senado. El escaño correspondiente lo ocupa en esta legislatura Juanjo Ferrer, elegido en las últimas generales en una candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

A lo largo de los últimos años, distintas formaciones han intentado también trasladar esta vieja reivindicación a la Cámara Baja, con la intención de que Formentera deje de compartir distrito electoral con Ibiza y que cada isla tenga su propio senador, pero esas iniciativas no llegaron a prosperar.

La propuesta balear y el precedente canario

El texto remitido por el Parlamento balear plantea que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española recoja expresamente que corresponde un senador a las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Además, se propone incorporar una disposición adicional única para fijar que la aplicación práctica de la nueva circunscripción electoral del Senado para Formentera “quedará demorada” hasta las elecciones senatoriales inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de esta reforma constitucional.

En la exposición de motivos, la Cámara autonómica sostiene que la modificación pretende que “queden reconocidas” de forma efectiva en el Senado “las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva”.

Igualmente, busca “poner de manifiesto” el papel de las islas para que una decisión de este tipo “se considere una buena reforma constitucional”, sentida “como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España”.

Un cambio acotado a Formentera

Como sucede cada vez que se abre la puerta a una reforma constitucional, algunos grupos han tratado de aprovechar para introducir cambios sobre otros asuntos, pero la mayoría de la Cámara ha optado por limitar esta iniciativa al caso concreto de Formentera.

En esta línea, la Mesa del Congreso rechazó admitir a trámite la enmienda registrada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) al considerar que no guardaba conexión con el objeto de la proposición de ley. Los regionalistas navarros pretendían suprimir la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que establece el procedimiento especial para una eventual incorporación de Navarra al régimen autonómico del País Vasco.

El mismo criterio se siguió con las once enmiendas presentadas por el PNV a esta reforma parcial de la Carta Magna, que incluían cambios de gran calado como alterar el artículo 2 sobre la unidad de España, reconocer el derecho de autodeterminación, acotar la inviolabilidad del Rey y derogar el artículo 155, que faculta al Gobierno a intervenir en comunidades autónomas.