El Pleno del Congreso someterá a votación este jueves el Real Decreto-ley que establece una revisión automática de las tarifas del transporte de mercancías por carretera cuando el coste de los carburantes se incremente un 5% o más. Con esta norma, el Ejecutivo busca garantizar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva a las facturas del transporte.
Al tratarse de un decreto ley, la disposición está vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero, tal y como marca la Constitución, debe ser sometida al control del Congreso en el plazo máximo de treinta días para su convalidación o derogación.
En este contexto, la Cámara Baja decidirá si avala o tumba el texto en una semana en la que ya se ha rechazado otro decreto ley del Gobierno, el relativo a la prórroga de los contratos de alquiler con vencimiento en 2026 y 2027.
Apoyo al sector del transporte por la guerra
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el decreto ley responde a la coyuntura excepcional derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha disparado el coste de los combustibles y está impactando en el transporte por carretera, integrado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.
Con este mecanismo de actualización automática de los precios, el Gobierno busca complementar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustibles para los transportistas aprobada en el anterior decreto ley de rebajas fiscales en el sector energético como consecuencia del conflicto en Irán.
Las disposiciones de este nuevo decreto ley se focalizan en el transporte de mercancías por carretera. De este modo, se refuerza el carácter obligatorio y automático de la revisión de las tarifas cuando se registren cambios en el coste del combustible, que deberán quedar reflejados de forma expresa en la factura, y se crea además un régimen sancionador específico para los casos de incumplimiento.
Ayudas al transporte ferroviario y marítimo
Paralelamente, el texto incorpora nuevas medidas para el transporte ferroviario de mercancías, entre ellas una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel.
Estas subvenciones serán de 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación global de 3,15 millones de euros, con la finalidad de evitar una pérdida de competitividad del ferrocarril frente a otros modos de transporte y asegurar su papel dentro de la cadena logística.
Asimismo, se incrementan en siete millones de euros las ayudas ya previstas para los servicios de transporte marítimo regular, que se suman a los treinta millones iniciales, con el fin de incluir de forma explícita los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla, así como entre puertos de los propios Archipiélagos.
Junto a estas medidas principales, el decreto incorpora ajustes y precisiones en el marco normativo vigente, como la incorporación de determinados colectivos al sistema de ayudas ya contemplado en el decreto anterior (eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida) y la adecuación de las medidas a territorios con particularidades específicas como Ceuta y Melilla.