El Pleno del Congreso abordará este martes el debate y la votación de una proposición no de ley (PNL) registrada por el PP con el objetivo de frenar el aumento del uso de armas blancas en delitos de extrema violencia. El texto plantea, entre otros puntos, ampliar el catálogo de armas blancas prohibidas, reforzar los controles en las operaciones de venta por Internet y revisar la Ley Penal del Menor.
La semana pasada, en respuesta a una pregunta del portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a impulsar "a la mayor brevedad" nuevas medidas para combatir el uso de armas blancas en espacios públicos y "evitar disfunciones".
La iniciativa, difundida por Europa Press, insta al Ejecutivo a endurecer de forma urgente diversos requisitos y controles para actuar contra los distribuidores irregulares, reforzar los sistemas de identificación de compradores y revisar las normas que rigen la intervención en plataformas 'online' en las que, según advierte, es posible adquirir este tipo de armas sin verificación de edad ni trazabilidad de la compra.
El PP plantea también reformar los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana para tipificar como infracciones muy graves portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de manera negligente, temeraria, intimidatoria o fuera de los lugares autorizados, siempre que estas conductas no constituyan delito.
En la misma línea, los populares proponen añadir en el artículo 36 de dicha ley la exhibición de objetos peligrosos para la vida o la integridad física con ánimo intimidatorio, cuando no llegue a ser delito o infracción muy grave, y fijar en los artículos 33 y 39 una progresión "precisa y rigurosa" de las sanciones ligada a la reincidencia en infracciones graves por tenencia y exhibición de armas blancas.
La proposición reclama igualmente modificar los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de establecer reglas "más claras y estrictas" sobre la detención de quienes muestren armas blancas con intención intimidatoria.
Asimismo, el Grupo Popular solicita cambiar el Código Penal para incorporar en el artículo 148.4 la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas; aumentar en el artículo 563 la pena de prisión por tenencia de armas prohibidas, pasando del actual margen de uno a tres años a una horquilla de dos a cinco años; y valorar que la reiteración en infracciones graves o muy graves, así como el incumplimiento de las sanciones impuestas, tenga efectos directos en la responsabilidad penal.
El paquete de medidas se completa con la petición de revisar la Ley del Menor para adaptar los preceptos relativos a las medidas aplicables a menores infractores que utilicen armas blancas en los hechos por los que han sido condenados, así como las medidas cautelares que se les puedan imponer.
Incremento de agresiones y sanciones por armas blancas
En la exposición de motivos, el PP sostiene que desde la pandemia los incidentes y agresiones con arma blanca han aumentado "exponencialmente" en todo el territorio y destaca la relevancia de los datos registrados en Cataluña, Madrid y el País Vasco.
El documento subraya además que los sindicatos policiales llevan tiempo advirtiendo de que el fenómeno requiere una respuesta urgente porque "no se trata de repuntes puntuales". Añade que, mientras antes las amenazas se realizaban principalmente de forma verbal, ahora "en el 41 por ciento de los casos se usa un arma blanca".
El texto detalla que en 2024 se alcanzó en la Comunidad de Madrid el máximo histórico de sanciones administrativas por portar armas blancas, con 4.251 multas, la cifra más elevada en ocho años y un incremento del 60,8% respecto a 2017. Precisa además que estas sanciones suponen el 14,1% de todas las infracciones de este tipo registradas en España ese año.
El PP apunta igualmente que entre 2020 y 2023 en Cataluña el decomiso de armas blancas creció un 65%, mientras que en 2022 las multas por tenencia de armas ascendieron a 6.267 denuncias administrativas, un 80% más que en 2019. Sostiene también que en el conjunto del país las agresiones con arma blanca aumentaron un 35% en cuatro años y que, según datos de 2022, cada día se producían diez ataques con este tipo de objetos.
Además, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 señala que, en 2024, en lo relativo al mecanismo feminicida, el método más utilizado siguió siendo el de las armas blancas, empleadas en 17 ocasiones, un 34%. Por ello, algunas fiscalías especializadas proponen introducir la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas en la conducta recogida en el artículo 148.4 del Código Penal con carácter imperativo.
Críticas a la instrucción del Ministerio del Interior
La proposición menciona que el Ministerio del Interior aprobó en 2022 una instrucción con un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre el control de armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana, actualizada mediante la Instrucción 9/2025, de 26 de junio. Sin embargo, sostiene que, pese a esta actualización, los Cuerpos de Seguridad consideran que dicho protocolo no resulta suficiente para garantizar una intervención eficaz porque "es la normativa la que no es suficiente o no es clara".
Según el PP, esta reforma "no ha resuelto todos los problemas" que se plantean en el trabajo policial diario, "en particular la de criterios diversos en las distintas comunidades".
Por último, el grupo parlamentario defiende la necesidad de "un estudio detenido" de las reformas legales que se precisen, escuchando a las fuerzas de seguridad, a los fiscales y a los jueces. Añade que ninguna de estas modificaciones tendrá resultados si no se refuerzan los dispositivos frente a las reyertas con armas blancas en las zonas con mayor incidencia, asignando el número adecuado de agentes y medios de protección a las unidades más directamente implicadas en la lucha contra la delincuencia violenta.