El Pleno del Congreso abordará este martes, 24 de febrero, el debate y la votación de una proposición de ley registrada por Sumar con la que se pretende impedir los despidos colectivos en aquellas compañías que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a países situados fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
En esta sesión, la Cámara Baja únicamente resolverá si el texto supera o no el primer filtro parlamentario. En caso de que se apruebe su toma en consideración, se abriría el periodo de presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos, iniciándose así una tramitación que retrasaría varios meses su eventual publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El grupo plurinacional sostiene que su iniciativa busca blindar a la plantilla en casos como el de Sekurit, una de las dos factorías que la multinacional francesa de vidrio Saint Gobain mantiene en Avilés, inmersa en un procedimiento de despido colectivo que, según Sumar, culmina un proceso de traslado de buena parte de su producción a instalaciones situadas fuera de la Unión Europea.
Sumar extiende también su mirada a compañías como “Zara o H&M” y al conjunto del sector textil, que, de acuerdo con el grupo, ha sufrido sucesivas oleadas de deslocalización, hasta el punto de que una parte relevante de la fabricación se realiza “en países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadoras”.
Con el fin de reducir el impacto negativo de estos movimientos empresariales, Sumar impulsa una norma orientada a asegurar los derechos laborales en los procesos de deslocalización y en las operaciones de transmisión de unidades productivas.
“Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo”, advierte la formación en el texto registrado.
Modificación del Estatuto de los Trabajadores
La propuesta de Sumar plantea incorporar una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores que impida a las empresas que trasladen su actividad fuera de la UE recurrir a despidos colectivos, extinciones de contratos por causas objetivas, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o inaplicaciones de convenios colectivos cuando estén vinculados a esos procesos de deslocalización.
Además, el texto contempla que aquellas compañías que deslocalicen su producción y hayan recibido en los cuatro años anteriores ayudas asociadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo o a la activación del Mecanismo RED deban devolver esos apoyos públicos.
En paralelo, el grupo confederal propone otra disposición adicional destinada a “garantizar la transparencia” en las operaciones de venta o transmisión de empresas y de unidades productivas, obligando a proporcionar información detallada a la plantilla y a permitir la intervención de las organizaciones sindicales en las negociaciones y acuerdos que alcancen la parte compradora y la vendedora.
Según Sumar, con estas medidas se reforzaría el principio constitucional de democracia en la empresa, al tiempo que se protegen los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en contextos de crisis empresarial.