El PNV llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para modificar la ley del Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de eliminar tanto el recurso previo frente a reformas estatutarias como el régimen sancionador que el PP incorporó en 2015 para los cargos públicos que desatiendan las resoluciones del tribunal de garantías.
La modificación planteada por los nacionalistas vascos ya fue discutida en la Cámara Baja a finales de 2016 y de nuevo en marzo de 2021. En ambas ocasiones el Pleno llegó a admitirla a trámite con el respaldo de las formaciones de izquierdas y nacionalistas, pero el texto nunca culminó su recorrido parlamentario debido a las continuas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas y a las posteriores disoluciones de las Cortes.
En esencia, el PNV plantea tumbar la reforma de 2015 que el PP sacó adelante con su mayoría absoluta en pleno auge del independentismo catalán para sancionar a los responsables públicos que ignorasen al TC. Los autores de la iniciativa asumen que desobedecer las sentencias del Constitucional debe acarrear algún tipo de reproche, pero en lugar de la suspensión automática de funciones que introdujo el PP, optan por un sistema de sanciones económicas más reducidas.
Así, la proposición del PNV pretende suprimir los preceptos de la Ley del TC que otorgan carácter ejecutivo a sus resoluciones y que habilitan al tribunal para actuar contra autoridades y empleados públicos que no acaten sus fallos, mediante un abanico de medidas que va desde multas de entre 3.000 y 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio del cargo.
Multas de menor cuantía y sin suspensión
En sustitución de ese modelo, los nacionalistas plantean “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”.
La proposición de ley del PNV incorpora además la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad aplicable a los estatutos de autonomía, una figura que también se recuperó en 2015, en este caso fruto de un acuerdo entre socialistas y 'populares'.
Según este Grupo, esta regulación “acarrea riesgos” para la “estabilidad” del sistema porque “supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional 'a posteriori' que fue atribuido en el texto constitucional”. Y, en su opinión, lo más preocupante es que “permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.
La iniciativa subraya igualmente que el recurso previo de inconstitucionalidad transforma al Constitucional “en una tercera cámara legislativa y por ello en un órgano político de control”. Al mismo tiempo, alerta de que las reformas aprobadas entonces otorgaron al Tribunal instrumentos que “poseen, de hecho, contenido punitivo” y que modifican la naturaleza del control de constitucionalidad diseñado en la Carta Magna.