El PNV llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para modificar la Ley del Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de suprimir tanto el recurso previo frente a las reformas estatutarias como las sanciones introducidas por el PP en 2015 para los cargos públicos que desoigan las resoluciones del tribunal de garantías.
Esta modificación ya fue objeto de debate en la Cámara Baja a finales de 2016 y en marzo de 2021. En las dos ocasiones anteriores, el Pleno acordó tomarla en consideración con el respaldo de las formaciones de izquierdas y nacionalistas, pero el texto decayó al no culminar su tramitación por las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes.
La propuesta del PNV plantea derogar la reforma de 2015 aprobada por el PP con mayoría absoluta en pleno auge del independentismo catalán, que preveía castigos para los responsables públicos que ignorasen al TC. No obstante, los proponentes aceptan que el incumplimiento de las sentencias del Constitucional debe acarrear algún tipo de reproche, aunque en lugar de la suspensión de funciones incorporada por el PP, se inclinan por sanciones económicas más reducidas.
Así, la iniciativa nacionalista pretende suprimir los preceptos de la Ley del TC que otorgan carácter ejecutivo a sus fallos y que habilitan a actuar contra autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones, mediante un abanico de medidas que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio de sus cargos.
Multas más reducidas y sin suspensión
En sustitución de ese régimen, los nacionalistas abogan por “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”.
Además, la proposición de ley del PNV contempla la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, figura que también se incorporó en 2015, en este caso fruto de un acuerdo entre socialistas y 'populares'.
Para este Grupo, esta regulación “acarrea riesgos” para la “estabilidad” del sistema porque “supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional 'a posteriori' que fue atribuido en el texto constitucional”. Y, lo que considera aún más grave, “permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.
La propuesta argumenta igualmente que el recurso previo de inconstitucionalidad transforma al Constitucional “en una tercera cámara legislativa y por ello en un órgano político de control”. Del mismo modo, alerta de que las reformas aprobadas entonces dotaron al Tribunal de instrumentos que “poseen, de hecho, contenido punitivo” y que desnaturalizan el modelo de control constitucional diseñado en la Constitución.