El Congreso de los Diputados va a destinar cerca de 3,6 millones de euros a la restauración y rehabilitación de las fachadas exteriores y las cubiertas de dos de sus inmuebles, después de que el último examen municipal pusiera de manifiesto diversas carencias. Los trabajos se llevarán a cabo en los edificios anexos al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, conocidos como Ampliación I y Ampliación II.
Para seleccionar a la compañía que asumirá estas actuaciones, la Mesa del Congreso ha puesto en marcha un concurso público. En los pliegos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que el presupuesto base de licitación es de 3.588.332,88 euros, impuestos incluidos. El importe definitivo se abonará con cargo al fondo de remanentes de la institución, que a 31 de marzo de 2025 ascendía a 100.995.681,93 euros.
Plazo de 16 meses y reparación de grietas
El tiempo máximo previsto para ejecutar la obra es de 16 meses, periodo en el que también se acometerán las intervenciones necesarias para reparar y consolidar las grietas y fisuras que se hayan detectado en los inmuebles.
En los citados pliegos se subraya que estas intervenciones son imprescindibles para corregir las “deficiencias” señaladas en la última Inspección Técnica de Edificios (ITE), efectuada por la Dirección General de Control de la Edificación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
“La intervención proyectada se enmarca en las obligaciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles de titularidad pública”, recalca el documento aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara.
La totalidad de los trabajos se realizará bajo la supervisión del arquitecto conservador de la Cámara, que asumirá la dirección facultativa de las obras. Su misión será asegurar que las intervenciones no alteren el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, coordinándose en todo momento con los servicios de mantenimiento de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso.
La empresa que resulte adjudicataria deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como otro específico para la gestión de los residuos de construcción y demolición, ambos ajustados a lo dispuesto en el Plan de Medidas de Sostenibilidad Medioambiental de la Cámara.