La Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades ha dado luz verde este jueves a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el incumplimiento del Ejecutivo en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y el impacto económico que esto está teniendo en las universidades públicas.
La propuesta ha prosperado con el apoyo de PP, Vox y PNV, la abstención de PSOE, Sumar y Junts, y el voto en contra de ERC.
Con esta votación, el Congreso reclama al Gobierno que proceda “de manera urgente” al abono completo de las cantidades que aún adeuda a las universidades públicas por la aplicación de la reforma de la Ley de la Ciencia, incluyendo indemnizaciones y finiquitos del personal investigador afectado.
El texto aprobado fija además que el Ejecutivo deberá remitir a la Comisión de la Cámara Baja, en un plazo máximo de un mes, un informe pormenorizado que detalle el volumen total pendiente de pago, las universidades afectadas y las cuantías que cada una ha tenido que adelantar, así como un calendario de pagos claro y comprobable.
La iniciativa también insta al Gobierno a asegurar que cualquier futura modificación normativa relativa a los derechos laborales del personal investigador no entre en vigor sin una memoria económica suficiente, una dotación presupuestaria previa y la transferencia efectiva de los fondos necesarios a las universidades.
Igualmente, se le pide que evalúe y compense el impacto financiero que los retrasos en los pagos comprometidos han provocado en las universidades públicas, articulando mecanismos extraordinarios que impidan recortes en docencia, investigación o en nuevas contrataciones.
El Congreso solicita, además, la comparecencia, en el plazo “más breve posible”, de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la Cámara Baja “para explicar los motivos del retraso, depurar responsabilidades políticas y detallar las medidas correctoras que garanticen que esta situación no vuelva a repetirse”.
En defensa de la proposición, el diputado del PP Pedro Navarro ha subrayado que “Los rectores, no el PP, tienen que reclamar con su palabra, reclaman al Ministerio que cumpla con su compromiso de asumir los gastos que generen las indemnizaciones por finalización de contratos, tanto predoctorales como postdoctorales”.
Los responsables universitarios ya habían exigido al Ministerio que honrase su compromiso de asumir los costes derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos, tanto predoctorales como posdoctorales, que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.
Según los datos aportados por las propias instituciones académicas, los campus han adelantado 24,5 millones de euros para indemnizar a 9.693 jóvenes investigadores cuyos contratos predoctorales y postdoctorales concluyeron entre 2022 y 2025.
Vox logró incorporar una enmienda a la proposición no de ley, aceptada por el PP, para impulsar también un plan de retención y retorno del talento español que “pueda generar efectos permanentes en el entorno investigador, que impida que aquellos en los que se ha estado invirtiendo tanto anden dando tumbos por todo el mundo”, según ha defendido el diputado Carlos Hernández.
Desde el PSOE, la diputada Obdulia Taboadela ha expresado su sorpresa ante “la doble vara de medir” del PP al presentar una iniciativa sobre unas indemnizaciones “que existen gracias a la reforma de la ley de la ciencia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Es decir, utilizan un avance legislativo impulsado por el Gobierno, al que critican, para presentarse ahora como sus defensores. En fin, eso no es coherencia, es puro oportunismo político”, ha remachado la parlamentaria socialista.
En la misma línea crítica con el PP, el diputado de Sumar Francisco Sierra ha recordado que en los últimos años España ha conseguido “definir una carrera científica activa”.
Asimismo, ha destacado la “mejora” en las transferencias de conocimiento y la apuesta por “el reconocimiento de derechos laborales de investigadores”.
“Nunca antes los investigadores han estado en nuestro país tan amparados como ahora. La PNL habla de falta de consistencia de reformas legislativas en ciencias sin garantías. No es verdad, es una PNL que falsea datos sobre la percepción de las indemnizaciones”, ha asegurado el representante de Sumar.
Debate sobre la financiación universitaria en Ceuta y Melilla
En la misma sesión de la Comisión, el Grupo Popular ha defendido otra proposición no de ley para que el Gobierno asuma las obligaciones económicas derivadas de su competencia plena en materia universitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, iniciativa que finalmente no ha sido aprobada.
La diputada del PP Sofía Acedo Reyes ha explicado que el coste real de funcionamiento de los campus de Ceuta y Melilla “supera actualmente los 25 millones de euros anuales, mientras que la aportación del Estado ha permanecido congelada durante años en aproximadamente 9 millones de euros”: “Y se ha ido incrementando mínimamente, pero sin ajustarse al coste real de ambos campos”.
A su juicio, “esta infrafinanciación está obligando a la Junta de Andalucía, a la Universidad de Granada y a las propias ciudades autónomas a cubrir ese déficit que no les corresponde”.
Por ello, el PP ha reclamado que el Estado “asuma la parte que le corresponde”. “Que asuma la financiación de los dos campus y el coste que ha supuesto el coste hasta ahora”, ha insistido la diputada popular.
En este contexto, el parlamentario de Vox Ramírez del Río ha señalado que “los fuertes incrementos de gasto que se han producido debido a los cambios normativos del Gobierno Central y a la inflación, han creado una deuda cuyo pago reclama el Partido Popular”. A su entender, esta exigencia de los populares es “correcta”.
“El PSOE lleva intentando utilizar como arma la financiación de las universidades desde hace bastante tiempo en Madrid, en Andalucía y en otras comunidades, mientras que en las que son del ámbito de la competencia del Gobierno central las ha infrafinanciado”, ha añadido.
Por su parte, la diputada del PSOE ha recalcado que la financiación en Ceuta y Melilla fue “insuficiente” en 2014, “cuando alcanzó su mínimo histórico, 8 millones”, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
“El borrador de presupuesto para 2026 contempla hasta 17 millones de euros, eso es compromiso real presupuestario. Esta PNL es una cortina de humo para tapar la insuficiente financiación que los gobiernos de las comunidades autónomas, allí donde están entre ellos Andalucía con el señor Moreno Bonilla, están más centrados en impulsar las universidades privadas que en reforzar la pública”, ha sostenido la socialista.
Finalmente, la diputada de Sumar Candela López ha defendido que el Estado “no ha mirado hacia otro lado”. “Al contrario, en los últimos años se ha producido un incremento sustancial en la financiación. El borrador presupuestario que se está trabajando para este 2026 prevé una inversión de hasta 17 millones de euros para los campus de Celta y Melilla, es decir, existe una senda clara de crecimiento y de compromiso financiero por parte del Gobierno de España”, ha concluido.