Sin en el Congreso hay una mayoría en materia de vivienda, no es a favor de propuestas del Gobierno. El PP se apoyó en Vox y Junts, y contó también con la abstención del PNV, para lograr el respaldo de la Cámara a las rebajas fiscales que proponen para facilitar la compra de vivienda.
La Cámara emplazó este miércoles al Gobierno a rebajar el IVA de compra de la primera vivienda del 10% al 4% y a aplicar una bonificación en el IRPF a los jóvenes durante los cuatro primeros años de su carrera profesional, a pesar del voto contrario de PSOE y Sumar a ambas medidas.
Estas dos propuestas forman parte de una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha recibido un respaldo mayoritario en la Cámara Baja.
En lo relativo a la reducción del IVA, la iniciativa ha salido adelante con el apoyo de Vox, Junts y UPN, mientras que PNV, Coalición Canaria y BNG han optado por la abstención. En cuanto a la medida para bonificar el IRPF de los jóvenes, Junts se ha sumado en esta ocasión a la abstención junto a PNV, BNG y Coalición Canaria.
Junto a estas dos reclamaciones, el Congreso ha aprobado el resto de la moción, que incorpora, entre otras, la propuesta de crear un entorno favorable en el mercado para que, entre el sector público y el privado, se pueda poner en marcha la construcción de un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, ubicadas en las áreas de mayor demanda, con el objetivo de corregir el déficit de vivienda acumulado. En este punto, el PSOE ha optado por abstenerse.
En cambio, el PSOE sí ha respaldado otras partes del texto, como el impulso a la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas, así como la autorización para que los ayuntamientos empleen sus remanentes en inversión destinada a vivienda asequible, ajustando los plazos a las necesidades de edificación para garantizar la viabilidad de estas actuaciones.
Asimismo, el Congreso ha reclamado movilizar y sacar al mercado todo el suelo público disponible de la Administración General del Estado para destinarlo al alquiler de vivienda asequible, con un precio un 30% por debajo de la media del mercado, y diseñar un plan para reducir las trabas administrativas, acompañado de las reformas normativas que sean precisas.