El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que reclama al Ejecutivo “reconocer y visibilizar la dimensión específicamente machista de muchas de las campañas de acoso, hostigamiento y violencia digital dirigidas contra mujeres periodistas y comunicadoras como Cristina Fallarás, Alejandra Martínez, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla”.
La propuesta se ha aprobado con un texto consensuado con Podemos, distinto al planteado inicialmente por los socialistas, y ha prosperado con el respaldo de todos los grupos salvo PP, Vox y UPN, que han votado en contra.
El documento definitivo, al que ha tenido acceso Europa Press, pone en valor “la libertad de información, de expresión y de opinión”, y condena las “campañas de acoso y hostigamiento” contra mujeres, no únicamente periodistas, que sostienen posiciones feministas.
En particular, el texto recalca que estas conductas “constituyen una forma de violencia machista que se manifiesta a través de ataques coordinados en redes sociales, campañas de odio y desinformación, y que en numerosos casos puede derivar en formas de acoso presencial, persecución, hostigamiento en el entorno laboral o en el propio domicilio, con el objetivo de desalentar o impedir la participación pública de las mujeres y, en particular, de aquellas que defienden posiciones feministas”.
La iniciativa también plantea revisar “los criterios de asignación” de la publicidad institucional y “otras formas de financiación pública a medios de comunicación” con el objetivo de “impedir que exista un control efectivo de determinados medios por parte de actores políticos e institucionales en detrimento del derecho a la libertad de expresión”.
Del mismo modo, insta a “reforzar” la “responsabilidad de las grandes plataformas digitales frente a la difusión de campañas de odio, acoso y desinformación dirigidas contra periodistas” mediante “mecanismos eficaces de detección, notificación y respuesta frente a contenidos abusivos --incluyendo manipulaciones audiovisuales no consentidas (deepfakes)--, así como el establecimiento de protocolos de atención a víctimas”.
Asimismo, aboga por impulsar “el impulso de infraestructuras, servicios y entornos digitales que contribuyan a garantizar espacios digitales seguros, plurales y respetuosos con los derechos fundamentales, favoreciendo modelos de gobernanza alineados con el interés general”.
Críticas de los socios al uso de la PNL
En el debate celebrado el miércoles, varios socios del Gobierno reprocharon al PSOE recurrir a una PNL en lugar de utilizar el Boletín Oficial del Estado (BOE) para aprobar medidas concretas.
Desde Sumar, la diputada Tesh Sidi reclamó a los socialistas que, en vez de una PNL con “dos puntos”, lleven al Congreso leyes que, según dijo, están “paradas”, como “la ley que dota de capacidad sancionadora a la CNMC contra las plataformas digitales” o “la fiscalización y el registro de todos los medios públicos”.
En términos similares se expresó el diputado de ERC Gabriel Rufián, que sostuvo que “esto no debería ser una PNL” sino “una ley”. “Ustedes tienen el BOE cada martes, esto debería ser ley, cárcel y multas, no una iniciativa rándom para quedar aquí bien”, les recriminó. Pese a sus críticas, tanto Sumar como ERC terminaron apoyando la propuesta.
También la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua alertó de que el ejercicio libre del periodismo se encuentra hoy “amordazado” por “sectores reaccionarios” en el marco de “una estrategia perfectamente orquestada de las fuerzas de ultraderecha para generar crispación, odio y enfrentamiento”.
Por su parte, la representante de Compromís, Àgueda Micó, interpeló a la derecha sobre “por qué apuntan a periodistas y colaboradores mientras les ríen las gracias a matones de patio de escuelas” como “Vito Quiles”. “Para ustedes libertad de expresión es solo lo que dice Ana Rosa Quintana. Pero qué mala que es Sarah Santaolalla”, criticó.
La líder de Podemos, Ione Belarra, aludió igualmente a Santaolalla —presente en la tribuna de invitados—, a la que “el escuadrista Vito Quiles, ha acosado en la puerta de su casa, en la puerta de su trabajo”, y al caso de Laura Arroyo, a quien “los de Vox y un guardia civil le dijeron que tenía que ser deportada”. “¿Qué harían ustedes si les acosaran en la puerta de su casa con su familia?”, preguntó a los “señoritos de corbata, de traje, todos esos que niegan la violencia de género”.
Desde el PNV, el diputado Joseba Andoni Agirretxea recalcó que “la violencia contra la prensa es incompatible con la democracia” y consideró “trágico que una porción significativa de las agresiones contra las periodistas nazca precisamente y vergonzosamente de llamamientos directos o sutiles por parte de líderes políticos”.
En cambio, la diputada de Junts Pilar Calvo juzgó “muy peligroso” el “modelo” que plantea el PSOE, que, a su juicio, “puede acabar utilizándose para limitar la disidencia política o los discursos críticos contra el Gobierno”. “¿Esto es defender la libertad de expresión?”, cuestionó.
La parlamentaria del PP Aurora Nacarino-Brabo reclamó al PSOE que “dejen de llamar pseudomedios y máquina del fango a los medios críticos”, y que “dejen de vetar a periodistas de usar la televisión pública como herramienta de propaganda política”.
En la misma línea, el diputado de Vox Manuel Mariscal definió la propuesta como “mordaza y censura para los españoles que sufren las políticas de este Gobierno y libertad de expresión y dinero, mucho dinero público, para aquellos privilegiados que hacen propaganda al Gobierno desde los medios de comunicación”. También sostuvo que “quien sí que se puede quejar en España” es “Sarah Santaolalla cuando un chaval, Vito Quiles, le hace preguntas incómodas”.