El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde este miércoles, con la abstención del PSOE, a una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el PP para la protección de los cristianos perseguidos en el mundo, en la que se reclama al Gobierno que supedite los acuerdos internacionales con terceros Estados a la salvaguarda de las minorías cristianas.
La iniciativa obtuvo el apoyo de PP, Vox y UPN, el rechazo de Compromís y la abstención de PSOE, Sumar, Junts, Podemos, ERC, EH Bildu y PNV.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea “defender la inclusión de la libertad religiosa y la protección de las minorías cristianas como condición en los acuerdos internacionales de la UE y de España con terceros países, vinculando la cooperación y las relaciones bilaterales al respeto efectivo de los derechos humanos”.
Del mismo modo, reclama “reforzar la acción diplomática española en defensa de la libertad religiosa y de las comunidades cristianas perseguidas, situando esta cuestión como una de las prioridades en la política exterior, en la cooperación internacional y en el marco de la Unión Europea”.
Además, la PNL contempla “impulsar en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la realización de informes y resoluciones firmes de condena de las masacres y persecuciones de cristianos, promoviendo el reconocimiento de estos actos como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad” y “apoyar la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia para documentar, juzgar y sancionar a los responsables” de estos crímenes.
El documento también pide “impulsar campañas de sensibilización y educación” tanto en España como en el entorno europeo para visibilizar la realidad de los cristianos perseguidos y “promover una cultura de libertad, respeto y tolerancia hacia todas las confesiones religiosas”.
Igualmente, insta a que, mediante el Consejo de Europa y la ONU, se favorezca “la concesión de protección a las comunidades religiosas en situación de riesgo, especialmente en los países donde sufren violencia sectaria o extremismo religioso, con el objetivo de prevenir la migración forzosa”.
En la exposición de motivos, el PP alude a datos de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), según los cuales más de 5.400 millones de personas residen en países donde se producen graves vulneraciones de la libertad religiosa, lo que representa casi dos tercios de la población del planeta, por lo que concluye que “el derecho a la libertad religiosa no sólo está amenazado a nivel mundial, sino que se encuentra en serio peligro de desaparecer”.
Asimismo, cita el informe World Watch List 2024 de Open Doors, que examina el periodo entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, y que calcula que más de 365 millones de cristianos padecen altos niveles de persecución, es decir, 1 de cada 7 cristianos en el mundo.
Entre los países donde la persecución religiosa es más intensa, menciona Nigeria, donde “Boko Haram o el Estado Islámico en África Occidental han perpetrado atentados indiscriminados contra iglesias, aldeas cristianas y líderes religiosos”; Pakistán, donde “leyes de blasfemia abusivas se utilizan para justificar agresiones”; India, donde “se han intensificado las campañas de violencia” contra comunidades cristianas; Siria, donde “la población cristiana prácticamente ha desaparecido, y Corea del Norte, donde “la práctica del cristianismo sigue siendo castigada con trabajos forzados o incluso con la pena de muerte”.
Según el PP, este escenario configura “una auténtica tragedia humanitaria y también cultural, pues la desaparición de los cristianos en esas regiones supone además de una violación de los derechos humanos, una pérdida de una parte esencial de la historia universal”.
“España, como Estado comprometido con los derechos humanos y miembro de la comunidad internacional, no puede permanecer en silencio ante esta tragedia. Más allá de la visibilización, es necesario adoptar medidas concretas que contribuyan a detener las masacres, proteger a las víctimas y promover la justicia internacional frente a estos crímenes atroces”, enfatiza el texto.