El Pleno del Congreso someterá a debate y votación este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley destinada a otorgar cobertura legal plena a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales en España, tal y como marca el Reglamento Europeo de servicios digitales, el DSA (Digital Services Act).
Con esta iniciativa se pretende proporcionar a la CNMC una base jurídica sólida y definitiva para vigilar a las grandes plataformas y aplicar el régimen de sanciones previsto en la normativa comunitaria.
En julio de 2025, el Ejecutivo ya dio luz verde a un proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, un texto de mayor alcance que se envió al Congreso y que continúa en fase de tramitación parlamentaria.
Ese proyecto del Gobierno incluye materias como el pluralismo informativo, la autonomía de los medios, el control de operaciones de concentración, los registros de prestadores de servicios de comunicación y la transparencia en la medición de audiencias, cuestiones que no incorpora la nueva propuesta socialista, centrada exclusivamente en desbloquear la reforma relativa a la CNMC, según señalaron a Europa Press fuentes del PSOE.
El documento impulsado por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, introduce cambios en varias normas vigentes para integrar las previsiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).
En lo que respecta a la CNMC, la iniciativa modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para designarla como coordinador de servicios digitales y conferirle amplias facultades de control, supervisión, inspección y sanción sobre los servicios digitales intermediarios, es decir, aquellos que permiten la transmisión de datos, el acceso a contenidos digitales o la interacción entre usuarios y proveedores de bienes o servicios en línea.
Pese a que desde entonces figura como coordinador de servicios digitales en España, la CNMC carece todavía de la habilitación legal completa, lo que le ha impedido desarrollar plenamente algunas de sus tareas, como certificar alertadores fiables o acceder a información de las plataformas.
En diciembre de 2025, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, reclamó en el Congreso la aprobación del proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. “No estamos habilitados legalmente para actuar y, por tanto, no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones”, advertía en una comparecencia ante Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja.