El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha reclamado la puesta en marcha de un Bono de Alquiler Joven “eficaz y accesible” y ha censurado que, en su diseño actual, “no alcanza ni al 1% de la población joven debido a su escasa cobertura, descoordinación autonómica y entrega tardía”, precisando además que ese 1% representa únicamente el 15% del total de personas que podrían optar a la ayuda, según sus propios cálculos.
El CJE ha trasladado este martes estas críticas y propuestas durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, donde ha reclamado políticas públicas “urgentes y estructurales” para facilitar el acceso de la juventud a la vivienda y ha alertado sobre la “profunda crisis habitacional que atraviesa la juventud española”.
Entre las iniciativas planteadas, el organismo juvenil ha defendido la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), recalcando que resulta “imprescindible que esta norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo el alquiler de habitaciones y los contratos temporales, evitando que figuras jurídicas permitan la desprotección frente a las partes más vulnerables de la relación de alquiler”, según ha expuesto ante los diputados.
El Consejo también ha pedido revisar el tratamiento fiscal del alquiler, proponiendo incentivos tributarios y mayores cargas para orientar las viviendas hacia el uso residencial y desincentivar prácticas especulativas o el mantenimiento de inmuebles vacíos, de modo que el sistema impositivo contribuya a “generar más oferta asequible en vez de bonificar indiscriminadamente la tenencia o alquiler lucrativo”.
Condiciones mínimas y efectos en la salud mental
Durante su intervención, el CJE ha recalcado que este paquete de medidas es “necesarias tanto desde un punto de vista cuantitativo, con más vivienda asequible, como cualitativo, porque la falta de acceso a la vivienda genera impactos negativos en la salud mental y bienestar de la juventud, como ansiedad o depresión, asociados a condiciones materiales precarias y falta de perspectivas de futuro”.
En esta línea, el portavoz del Consejo, Javier Muñoz, ha subrayado que “no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo condiciones mínimas para vivir con dignidad”, y ha advertido de que “cuando una generación entera no puede acceder a un derecho constitucional, el problema es estructural, no individual. Y las soluciones están en la acción política valiente y coordinada”.
El CJE ha respaldado su diagnóstico con los últimos datos de su Observatorio de Emancipación, que indican que “solo el 15,2% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar, el peor registro para un segundo semestre desde que se tienen datos en 2006”, y que el precio mediano del alquiler se sitúa en torno a 1.080 euros al mes, lo que obliga a destinar más del 90% del sueldo si se quiere residir en solitario, de acuerdo con el análisis del propio Consejo.
Según ha recalcado el organismo, “el análisis de estos datos desmonta discursos que criminalizan a la juventud por su falta de esfuerzo o voluntad de emanciparse. La mayoría de jóvenes trabajan o se forman, pero el mercado de la vivienda y las políticas actuales no lo hacen suficiente para garantizar una emancipación digna. El empleo por sí solo ya no asegura el acceso a derechos básicos como la vivienda”, ha enfatizado el Consejo, insistiendo en la necesidad de respuestas públicas más ambiciosas.