El Consejo Estatal de Protección Animal, constituido en septiembre de 2025, asumirá la tarea de coordinar, junto a las administraciones públicas y los sectores privados, el estudio y la elaboración de propuestas dirigidas a resolver o atenuar los conflictos que surgen cuando se aplica la normativa de bienestar animal en paralelo a otras regulaciones sectoriales.
Así lo expone el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una batería de cuestiones planteadas por el Grupo Popular sobre este órgano, al que el Ejecutivo pretende someter “todas aquellas políticas públicas, planes y líneas de trabajo que puedan tener incidencia real en el bienestar y la protección animal”, además de utilizarlo como foro para debatir los recursos técnicos y económicos necesarios para llevarlas a cabo.
El Ejecutivo detalla que entre las funciones del Consejo Estatal de Protección Animal figura informar sobre las propuestas normativas que plantee el departamento ministerial competente en protección, bienestar y derechos de los animales. Igualmente, emitirá informe sobre el Plan Estatal de Protección Animal elaborado por dicho departamento antes de que sea sometido a la aprobación del Consejo de Ministros.
La respuesta parlamentaria precisa que este órgano impulsará y sugerirá criterios generales de actuación en materia de protección y bienestar animal, incluyendo los relativos a las tareas, actividades y coordinación del voluntariado implicado en la defensa de los animales y, en particular, en la lucha contra el abandono, la gestión de colonias felinas y la promoción de la tenencia responsable de animales de compañía.
Otra de sus responsabilidades será la elaboración de estadísticas e informes sobre los avances en protección, derechos y bienestar animal “en cooperación y de acuerdo con las competencias autonómicas”. En la misma línea, recabará cuantos informes resulten necesarios para desarrollar sus funciones, así como sobre las consultas en materia de protección, derechos y bienestar de los animales que le formulen los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas y las entidades locales a través de su asociación más representativa.
Además, conocerá y examinará, antes de su difusión, el informe sobre la situación y evolución de la protección y los derechos de los animales. Según recoge la contestación del Gobierno, el Ejecutivo ha valorado de forma “muy positiva” la sesión constitutiva del Consejo, celebrada el pasado 25 de septiembre, a la que asistieron 34 de los 38 vocales que integran este órgano.
En esa reunión participaron los vocales con rango de Director/a General designados por los cuatro ministerios con competencias en la materia, así como 15 de los 17 representantes de las comunidades autónomas (también con rango de Director/a General), el Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias y 13 vocales en representación de la sociedad civil y de los distintos sectores económicos vinculados al bienestar y la protección animal.
Por otra parte, el Gobierno señala que la primera medida puesta en marcha para el funcionamiento del Consejo ha sido configurar “un órgano equilibrado”, en el que estén representadas tanto las instituciones públicas como la sociedad civil y los diversos sectores económicos relacionados con la cría, el adiestramiento, el comercio, la tenencia y la recogida de animales de compañía.
Asimismo, la normativa que regula la creación y el funcionamiento del Consejo contempla la constitución de grupos de trabajo y ponencias de estudio para abordar cuestiones específicas de interés para los distintos agentes presentes en este órgano colegiado.
Interrogantes sobre recursos y objetivos del Consejo
Bajo el epígrafe “¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS SE DESTINARÁN A ESTE CONSEJO?”, el Gobierno responde al Grupo Parlamentario Popular, que había preguntado por la valoración que hace el Ejecutivo de la sesión constitutiva del Consejo y por el papel que espera que desempeñe en el diseño de las políticas públicas en este ámbito.
Los diputados 'populares' también se interesan por las actuaciones previstas para asegurar que el Consejo opere como un espacio “efectivo” de diálogo y trabajo, y por los objetivos concretos que el Gobierno pretende impulsar a través de este organismo.
Del mismo modo, han solicitado información sobre las medidas operativas que el Ejecutivo piensa poner en marcha a partir de los trabajos del Consejo y sobre los recursos económicos o medios que se dedicarán a su puesta en práctica, así como el calendario que maneja el Gobierno tanto para la ejecución de estas actuaciones como para el desarrollo de la actividad ordinaria del Consejo.