El Defensor del Pueblo ha alertado de que la situación de “colapso” en la tramitación de la homologación de títulos universitarios extranjeros “provoca también errores procedimentales, con reiterados requerimientos de subsanación ya cumplimentados e indebidas declaraciones de desistimiento”.
En este escenario, reclama un “esfuerzo de transparencia” que haga posible supervisar la actuación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y “dé certeza a los interesados sobre sus reales expectativas de obtener una resolución, carencias de las que adolece actualmente el procedimiento”.
Así se recoge en el informe anual 2025 de la institución que encabeza Ángel Gabilondo, al que ha tenido acceso Europa Press, registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
El Defensor del Pueblo concluye que “el elevado número de quejas recibidas” sobre los servicios de información, atención y resolución de incidencias en la homologación de títulos universitarios “revela la insuficiencia de los canales establecidos al efecto por la Administración”.
En 2025, la oficina del Defensor del Pueblo tramitó más de 1.000 quejas vinculadas a la ausencia de resolución o a la gestión incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros.
A lo largo de este ejercicio se han mantenido las actuaciones de carácter general ante la Secretaría General de Universidades, en relación con la “grave situación” de retraso en la tramitación de estos expedientes y, en paralelo, se han seguido de forma individual aquellos casos en los que la demora puede apuntar a algún error procedimental, o en los que la superación de los plazos para evacuar el trámite correspondiente es tan elevada que exige una justificación específica por parte de la Administración.
Medidas para acelerar la tramitación de expedientes
La Secretaría General de Universidades comunicó al Defensor del Pueblo las nuevas medidas puestas en marcha para racionalizar la gestión de estos procedimientos y acelerar su resolución. Entre ellas, se da prioridad a las solicitudes de homologación y de declaración de equivalencia de quienes residen en España frente a los solicitantes que viven en el extranjero y, dentro de cada grupo, a quienes piden la homologación o equivalencia de un título al que se le puede aplicar una o varias medidas generales.
En septiembre de 2025 se aprobó una nueva resolución destinada a agilizar las solicitudes de personas con una oferta firme de empleo de alta cualificación, con el objetivo de responder a las necesidades de sectores estratégicos del mercado de trabajo.
La institución que dirige Ángel Gabilondo detalla que la Secretaría General de Universidades “añadió que se había fortalecido la información a los afectados, potenciando canales de asistencia por escrito y telefónico y un servicio de resolución de incidencias, y que está trabajando para incorporar tecnologías de automatización y de inteligencia artificial en la gestión administrativa de los expedientes y en el diseño de una nueva aplicación informática”.
Asimismo, anunció una modificación del Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, que regula las condiciones y los procedimientos de homologación.
El Defensor del Pueblo admite que los datos aportados por la Secretaría General de Universidades “revelaron una mejora en la gestión de las solicitudes”. Según estas cifras, en 2024 se alcanzaron 40.000 resoluciones de homologación y de equivalencia, y en el primer semestre de 2025 se habían resuelto más de 32.000 expedientes, subrayando que en ambos periodos, por primera vez en muchos años, el número de expedientes resueltos superó al de nuevas solicitudes.
Pese a estos avances, de acuerdo con esa misma información, la institución calcula de forma aproximada en 100.000 los expedientes aún pendientes de resolución.
“Sin negar la eficacia de las medidas adoptadas, la tramitación de las quejas presentadas pone de relieve que todos los expedientes se tramitan en un plazo muy superior a los seis meses previstos en la norma de aplicación. En muchos supuestos transcurre más de un año sin que tan siquiera se haya comprobado si la documentación presentada permite el inicio de la tramitación o varios meses pendientes de la evacuación de un trámite que la norma exige realizar en días”, avisa el informe.
Por otra parte, la institución indica en su memoria que no ha recibido la información requerida sobre la implantación del Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, por lo que volverá a reiterar esta petición a la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.