El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tramitó en 2025 cerca de 1.300 reclamaciones individuales de ciudadanos que habían pedido la valoración de su grado de discapacidad y seguían sin contestación administrativa. Estos datos figuran en el Informe Anual del organismo, entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
El documento precisa que, en la "gran mayoría de casos", ya se había rebasado, "incluso muy ampliamente", el límite máximo de seis meses que fija la normativa para resolver estos expedientes.
En su análisis, el Defensor del Pueblo admite que comprende "las dificultades objetivas a las que se enfrentan, en muchos casos, las administraciones competentes" para hacer frente a estos retrasos en la evaluación de la discapacidad, fenómeno que se reproduce también en el sistema de valoración de la dependencia. Aun así, reconoce y valora "positivamente las diferentes medidas que cada una de ellas trata de impulsar" para atajar el problema.
No obstante, el informe insiste en "la necesidad de desterrar la resignación como modo de respuesta ante un asunto social que se cronifica", advirtiendo de que el retraso se está consolidando como una situación estructural.
El texto subraya, además, que detrás de cada una de estas quejas hay "personas de todas las edades, niños y personas muy mayores, para quienes el reconocimiento de su discapacidad puede llegar a constituir una llave de acceso a la inclusión social o, al menos, el modo de paliar razonablemente la desventaja a la que se enfrentan para desarrollar un proyecto de vida".
Fruto de la gestión de estas reclamaciones, y al margen de las recomendaciones de carácter general, la institución ha emitido en 104 expedientes un "Recordatorio del deber legal de resolver los expedientes en tiempo y forma y el deber de articular los medios precisos para solventar la situación", con el objetivo de que las administraciones aceleren la resolución.
El informe también recoge varias propuestas específicas del Defensor del Pueblo para hacer frente a las demoras en la valoración del grado de discapacidad. Entre ellas, se resalta la recomendación relativa a "la inclusión de criterios de ordenación de los expedientes en la normativa reguladora, con el fin de determinar, de forma objetiva y razonable, su carácter urgente, prioritario u ordinario". A este respecto, el documento advierte de que la puesta en práctica de esta medida "no debería sufrir más demora, dada la persistencia de los grandes retrasos en la valoración".
En la misma línea, el Defensor considera "preciso que las administraciones que aún no lo han hecho aprueben y publiquen la norma que excepciona el orden legal de tramitación en función de las circunstancias de mayor o menor vulnerabilidad de cada solicitante", de manera que los casos más graves puedan ser atendidos con preferencia.
El informe incide igualmente en la importancia de que las personas afectadas, mientras aguardan a ser citadas por los servicios de valoración, "cuenten con la información que les permita ordenar y planificar sus expectativas" sobre plazos y trámites.
Para reducir la incertidumbre, se propone que "la emisión de una más completa comunicación informativa al inicio del procedimiento ha de dar mejor respuesta a la inquietud generalizada que se aprecia en las muchas quejas recibidas".
"Atento" a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia
En otro apartado de su Informe Anual, el Defensor del Pueblo detalla que a lo largo de 2025 ha permanecido "atento" a la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, y celebra que la misma "incorpora determinados planteamientos realizados por esta institución en años anteriores".
Entre los avances que resalta, menciona "la ampliación de la Escala de Valoración Específica de los tres a los seis años; la supresión del plazo máximo de suspensión en el derecho de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; y la regulación de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, flexibilizando el requisito de convivencia".