El Defensor del Pueblo ha detectado, a partir de las quejas analizadas, que en numerosos episodios de acoso escolar los protocolos internos de actuación en los centros educativos “no gozan de la plena confianza de las familias de los alumnos y que, en un elevado número de casos, han sido activados tras la reiterada petición de las familias”.
Así consta en el informe anual 2025 de la institución que encabeza Ángel Gabilondo, recogido por Europa Press, que se ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
El Defensor del Pueblo reconoce como positivo el esfuerzo que están realizando las administraciones educativas para afrontar con la mayor rapidez y eficacia los episodios de maltrato entre iguales que se producen en los centros escolares.
“No toda agresión puede ser considerada un caso de acoso escolar. Sin embargo, cualquier acto de violencia e intimidación es siempre reprobable y, cuando la víctima es un menor de edad, su especial vulnerabilidad y los efectos devastadores que puede tener en su desarrollo personal, con el suicidio como más extrema respuesta al sufrimiento, exigen que sea combatido con la mayor intensidad”, recoge el documento.
En esta línea, la institución ha dirigido un Recordatorio de deberes legales a la Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, con el fin de que recuerde a los centros de su competencia “el deber de aplicar los protocolos específicos de actuación ante casos de acoso escolar y violencia de género”.
La finalidad es “garantizar una intervención inmediata, eficaz y coordinada en el ámbito escolar, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”.
El Defensor del Pueblo subraya que, para eliminar cualquier forma de violencia y discriminación en las aulas, “se debe contar con los recursos necesarios para poder prevenir, identificar y actuar en estas situaciones”.
Por ello, reclama dotar a la comunidad educativa de profesionales especializados, intensificar las actividades de sensibilización con el alumnado para consolidar un clima de convivencia positivo en los centros y potenciar la implicación de las familias.
La institución incide además en que las familias “deben ser informadas de la actuación del centro, preservando, en todo caso, el derecho a la protección de datos de carácter personal”.