El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, muestra su apoyo a la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, aunque advierte de que “no ofrecerá una solución definitiva”. Así figura en el Informe anual de la actividad del 2025 de la institución, registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
En el documento, el Defensor del Pueblo considera “muy acertado” que la nueva norma se centre en “corregir” los aspectos ya señalados tras la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022, “al reconocer que el modelo migratorio español no solo carece de agilidad para dar respuesta a los retos del mercado laboral, sino que padece importantes ineficiencias y potencia prácticas de economía informal que tienen elevados costes humanos, económicos, sociales y de gestión”.
No obstante, Gabilondo subraya que esta regularización extraordinaria, por su carácter limitado en el tiempo, “no ofrecerá una solución definitiva” al “problema” relacionado con la figura del arraigo y su uso en el caso de personas a las que, tras un largo periodo de espera, se les deniega la protección internacional solicitada.
El Consejo de Ministros dio luz verde el 27 de enero de este año al inicio de la tramitación de esta regularización excepcional, dirigida a extranjeros que ya residen en España, con la finalidad de garantizar sus derechos y aportar mayor seguridad jurídica al sistema.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el procedimiento se aplicará a todos los extranjeros que se encontraran en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud.
Para quienes hayan pedido protección internacional, será suficiente con que la solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y pueda acreditarse. Además, se exigirá no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Las personas que se acojan a este proceso y cumplan los requisitos obtendrán una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Según se ha precisado, este permiso de residencia incluirá desde el primer día la posibilidad de trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del territorio nacional.
El Defensor del Pueblo resalta igualmente que, en su justificación, el proyecto retoma “elementos esenciales” de la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022, que modificó la figura del arraigo para “hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio”.