El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido de que los sistemas de protección a víctimas de violencia machista Atenpro, Cometa y el policial “no se coordinan adecuadamente entre sí”, según recoge el informe anual de actividad de 2025 de la institución, registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
El documento detalla que se ha constatado que el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (Atenpro), Cometa, responsable del control telemático de maltratadores, y el sistema policial “no se coordinan adecuadamente entre sí”.
De acuerdo con el informe, consultado por Europa Press, estos mecanismos “tienen dificultades para comunicarse fluidamente con los jueces” y, además, se detectan “problemas” en el reparto territorial de competencias entre cuerpos policiales cuando se produce una situación de emergencia.
“El problema subyacente es la desproporción entre el número de víctimas atendidas y el incremento de uso de los dispositivos con los recursos destinados a la prestación del servicio”, afirma el texto.
La oficina del Defensor del Pueblo mantiene en marcha cuatro actuaciones para estudiar “la calidad y suficiencia” de estos servicios y las medidas de seguimiento y control de los contratos suscritos con las empresas tecnológicas encargadas de su gestión.
Paralelamente, la institución pone el foco en que las demoras en los procedimientos judiciales de violencia de género “prolongan la situación de vulnerabilidad de las mujeres y en muchos casos intensifican el conflicto o la violencia”.
El Defensor del Pueblo señala que esta realidad “debilita” la confianza de las víctimas de violencia de género en el poder judicial como sistema de “protección eficaz”.
Asimismo, subraya que resulta “especialmente dañino” cuando los retrasos afectan a la ejecución de sentencias, tanto penales como civiles, ya que, según indica la institución, “se impide la reparación, la compensación económica por los daños derivados de la violencia, o la recuperación física, psíquica y social de las víctimas”. También apunta que “es algo que puede ser percibido como un mensaje de impunidad para los maltratadores”.
“La incertidumbre prolongada puede afectar a la salud mental de las víctimas y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha alertado de que es habitual que estas desarrollen ansiedad, depresión y estrés postraumático durante el proceso judicial”, remarca el informe.
La institución considera “necesario” priorizar la tramitación de estos procedimientos, fijando plazos procesales perentorios y ampliando las medidas de protección cautelar hasta la resolución de la sentencia civil. “Debería reducirse la burocracia y fomentar el uso de audiencias virtuales, sistemas de notificación electrónica, etcétera. Para ello es necesario mejorar la planta judicial”, añade.
En la misma línea, insiste en que “las víctimas deben sentirse escuchadas, respetadas y atendidas por parte de las administraciones”.
Al mismo tiempo, advierte de que “siguen produciendo malestar” la “complejidad” de los procesos judiciales, las “dilaciones” en la resolución de los asuntos o la “desatención” a los derechos de las víctimas durante el procedimiento.
“Victimización secundaria” y problemas en la ejecución de sentencias
“El número de asuntos de violencia de género que son conocidos anualmente por los juzgados sigue creciendo y se sigue denunciando una victimización secundaria que en ocasiones aleja a las mujeres de la denuncia y las lleva a desconfiar de los sistemas de protección, especialmente cuestionados este año a raíz de los incidentes de las denominadas 'pulseras antimaltrato'”, señala el informe.
Del mismo modo, precisa que las incidencias en los procesos de ejecución judicial “siguen revelando fallos en los sistemas telemáticos de control de cumplimiento de medidas, en la coordinación entre servicios, en la información a las víctimas o a las fuerzas de seguridad”. En cuanto a los quebrantamientos de condena, cuando los agresores vulneran las órdenes de alejamiento, reconoce que “son difíciles de perseguir”, pero alerta de que “las víctimas permanecen en el miedo, incluso aunque tengan medidas de protección acordadas para ellas”.
En el ámbito penal, “preocupan” al Defensor del Pueblo los sistemas de notificación a las víctimas tanto de las sentencias como de las ejecutorias con diligencia de requerimiento. Por este motivo, ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que valore si los actuales sistemas informan “de forma efectiva y en tiempo real” a las víctimas, que “tienen derecho a saber qué está pasando con su agresor para poder tomar medidas de autoprotección frente a las excarcelaciones”.