El Defensor del Pueblo afirma que continuará con sus actuaciones para averiguar cuáles son los criterios fijados por el Departamento de Educación con el fin de garantizar la presencia del castellano en el sistema educativo.
Así queda recogido en el informe anual 2025 de la institución que encabeza Ángel Gabilondo, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
El texto recuerda que, tras la suspensión cautelar del Decreto 91/2024, de 14 de mayo, sobre el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, el Defensor del Pueblo reclamó información al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña para conocer las orientaciones remitidas a los centros educativos y comprobar que los criterios pedagógicos sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales “sean respetuosos con la suspensión cautelar adoptada y se garantice la enseñanza del castellano”.
En esta línea, el informe subraya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado sin efecto, mediante sentencia, diversos preceptos del decreto autonómico al considerar que no aseguran una presencia razonable del castellano en la enseñanza.
Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo advierte de que el derecho a escoger la lengua base, castellano o valenciano, en el sistema educativo valenciano, introducido por la Ley 1/2024, de 27 de junio, de libertad educativa, y articulado a partir del porcentaje de familias que opta por una u otra lengua, “ha generado un apreciable número de quejas de familias disconformes con el resultado de la elección”.
El organismo precisa en su Informe anual 2025 que, en todos los casos analizados, “la decisión se ha adoptado conforme al sistema establecido en la ley”.