El Defensor del Pueblo ha planteado a la Dirección General de Tráfico (DGT) un conjunto de actuaciones “preventivas y reactivas para tratar de paliar el problema de la usurpación de identidad en tráfico” y reclama que se simplifique la baja de los vehículos traspasados de manera fraudulenta.
Estas propuestas figuran en el Informe Anual de actividad de 2025 de la institución, al que ha tenido acceso Europa Press, y que este martes ha sido entregado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Según detalla el documento, en una queja un ciudadano relataba que llevaba dos años intentando dar de baja definitiva un vehículo que había sido puesto a su nombre mediante una suplantación de identidad. “Pero no lo conseguía, ya que la DGT no admitía como prueba la denuncia presentada en una comisaría de policía, pese a que iba acompañada de un informe de los agentes, donde se indicaba que había sido víctima de dicha usurpación”, detalla.
De acuerdo con lo expuesto por Ángel Gabilondo, en el informe remitido por Tráfico al Defensor del Pueblo se describían las vías aceptadas para transferir o dar de baja un vehículo, “no siendo una de ellas la de haber presentado denuncia ante la policía de suplantación de identidad si no iba acompañada de una resolución judicial en tal sentido”.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo reclamó a la DGT “coordinación con otros departamentos del Ministerio del Interior, para comprobar la autenticidad y vigencia del documento nacional de identidad presentado por el interesado en la solicitud del trámite, como, por ejemplo, la verificación del número de soporte u otros de análoga eficacia”.
La institución también propuso poner en marcha un sistema de avisos al titular que va a ver modificado el registro de su vehículo para que, antes de que se formalice el cambio de titularidad, reciba una comunicación del trámite en curso (mediante mensaje al móvil, correo electrónico, etcétera) y así “garantizar que ha promovido o autorizado el trámite”.
El Defensor añade entre sus recomendaciones la necesidad de bloquear nuevas transferencias de vehículos a nombre de la persona afectada y evitar el devengo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, además de otras tasas ligadas a gestiones que la víctima se vea obligada a realizar ante las dependencias de la DGT como consecuencia de la suplantación de identidad.
Igualmente, plantea la creación de alertas que impidan iniciar expedientes sancionadores contra la víctima en relación con los vehículos transferidos de forma irregular, así como estudiar una categoría de baja distinta de las actuales (temporal y definitiva) para estos supuestos específicos.
Instrucción interna de la DGT y recomendaciones a Fiscalía
En su respuesta, la DGT informó al Defensor de que estaba elaborando una instrucción destinada a “establecer un procedimiento que las jefaturas de tráfico habrán de seguir en los supuestos en que un ciudadano acuda a la oficina correspondiente manifestando haber sido objeto de suplantación de identidad a causa de la cual aparece como titular de un vehículo que desconoce o del cual ignora su paradero”.
En otro expediente, el Defensor del Pueblo dirigió varias recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de reforzar la “coordinación y la respuesta” del ministerio público y de la Policía Judicial en las pesquisas sobre este tipo de delitos.
Gabilondo expone en su informe el caso de un ciudadano que presentó una queja tras solicitar la baja definitiva de un vehículo siniestrado en un accidente de tráfico en Bélgica. Aportó el justificante de entrega del coche en un desguace de ese país, pero la Administración le comunicó que dicho documento “no era válido en España”.
Ante ello, el Defensor del Pueblo instó a la Dirección General de Tráfico a que permita la baja definitiva de vehículos cuando se presente “un certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental válidamente emitido en otro Estado miembro de la Unión Europea”.