El Gobierno ha decidido frenar la tramitación de una proposición de ley registrada por el BNG con la que se pretendía que Galicia asumiese la gestión de sus aeropuertos, al considerar que tendría un efecto negativo sobre las cuentas de Aena, tanto por la merma de ingresos prevista como por el impacto que la medida podría provocar en la cotización bursátil de la compañía.
La formación nacionalista gallega llevó al Congreso en noviembre del año pasado una iniciativa legislativa para que la comunidad autónoma pasara a ejercer las competencias de titularidad estatal vinculadas a la gestión de las infraestructuras aeroportuarias situadas en territorio gallego.
De acuerdo con la Constitución, en toda proposición de ley el Ejecutivo puede presentar un escrito de disconformidad y vetar su tramitación si aprecia que la propuesta altera el Presupuesto, ya sea por una reducción de ingresos o por un incremento del gasto público.
En aplicación de esta prerrogativa, el Ejecutivo ha remitido un escrito de disconformidad contra la iniciativa del BNG, recogido por Europa Press, en el que sostiene que la aprobación de la ley implicaría una caída de ingresos de 61,5 millones de euros en Aena, sociedad en la que el Estado, a través de Enaire, controla el 51% del capital.
El Gobierno detalla que el tráfico total de los tres aeropuertos gallegos (A Coruña, Santiago y Vigo) en 2024 ascendió a 5.936.618 pasajeros y que, tomando como referencia la tarifa aeroportuaria media de la red de Aena en ese ejercicio, de 10,35 euros por viajero, se obtendría esa pérdida estimada de 61,5 millones de euros, equivalente a algo menos del 2% de los ingresos totales de la compañía.
Impacto en dividendos y en el modelo de red
Además del descenso de facturación, el Ejecutivo advierte de que la propuesta también repercutiría de forma negativa en los dividendos que el Estado percibe como accionista mayoritario de Aena y que se destinan al Tesoro Público.
El Gobierno sostiene igualmente que la segregación de los aeropuertos planteada en la proposición "podría violentar, incluso quebrar", el principio de autosuficiencia económica y de solidaridad que sustenta el actual sistema aeroportuario español.
En el escrito se subraya que la ruptura del modelo de red generaría un perjuicio económico relevante tanto para Aena como para el Estado, al deteriorar el patrimonio de la sociedad y su valoración en Bolsa. Junto a esa pérdida patrimonial, el Ejecutivo considera que "se vería gravemente comprometido" el modelo de gestión de la empresa, diseñado para maximizar la eficiencia.
Asimismo, el Gobierno argumenta que la medida acarrearía una depreciación de la participación estatal en Aena, recordando que en ocasiones anteriores, ante anuncios o rumores sobre posibles traspasos de titularidad a comunidades autónomas, el valor bursátil de la compañía ya se vio afectado a la baja.
Críticas del BNG al veto del Ejecutivo
Fuentes del BNG han trasladado a Europa Press que consideran "injustificable" la motivación esgrimida por el Gobierno para impedir que la proposición de ley pueda siquiera iniciar su andadura parlamentaria.
Para el partido nacionalista, el Ejecutivo recurre de nuevo a una "doble vara de medir", ya que mientras mantiene conversaciones con el lendakari vasco, Imanol Pradales, y pacta dos reuniones antes de abril para avanzar en la cesión de la gestión aeroportuaria a Euskadi, a Galicia "se le impide siquiera debatir" esta opción en el Congreso.
"El problema no es jurídico, es político. Cuando hay voluntad, se negocia; cuando se trata de Galicia, se veta" denuncian desde la formación, que reclama al Gobierno que retire su veto y permita "un debate democrático en igualdad de condiciones".