El Gobierno destina 300 millones a ayudas para caseros por impagos reclamadas por Junts

El Gobierno fija en 300 millones las ayudas para caseros por impagos reclamadas por Junts y estudia ampliar este mecanismo de protección al alquiler.

1 minuto

El Gobierno destina 300 millones a ayudas para caseros por impagos reclamadas por Junts

Publicado

1 minuto

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comunicado este martes en el Congreso que el programa de ayudas a propietarios ante impagos de sus inquilinos, exigido por Junts, contará con una dotación de 300 millones de euros mediante un acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros.

El anuncio se ha realizado durante la defensa del decreto ley que incorpora distintas medidas del escudo social, entre ellas la revalorización de las pensiones, la prohibición de los desahucios y el veto al corte de suministros básicos para personas vulnerables. Este decreto, que previsiblemente decaerá por el rechazo de PP, Vox y Junts, ya contemplaba este mecanismo de apoyo, aprobado previamente vía real decreto en el Consejo de Ministros, aunque hasta ahora carecía de asignación presupuestaria concreta.

“El pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”, ha afirmado Bolaños desde la tribuna del Congreso, detallando por primera vez la cuantía destinada a este instrumento.

A continuación, el titular de Presidencia ha indicado que el Gobierno está “estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores” al considerar que “no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia”. Con ello, el Ejecutivo pretende reforzar las garantías a los propietarios que alquilan su vivienda a colectivos específicos.

Para poder acogerse a esta cobertura, los arrendadores deberán formalizar contratos de alquiler con menores de 35 años o con personas vulnerables, de acuerdo con los criterios fijados por cada comunidad autónoma. Además, la renta mensual no podrá superar el índice estatal de referencia, será obligatorio haber depositado la fianza legal exigida para el contrato y sus sucesivas actualizaciones, y se tendrá que suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler, conforme al modelo establecido por la Administración.