PSOE y Sumar han presentado en el Parlamento sendas propuestas en las que urgen a Casa 47, empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda, a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios siempre que se produzca una resolución de contrato por causas atribuibles al contratista, como ha sucedido recientemente en el Parque Central de Ingenieros de Valencia o en la Loma de Colmenar, en Ceuta.
Ambas formaciones del Ejecutivo han trasladado esta petición a través de propuestas de resolución registradas a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Este documento revisa la actuación de Sepes, actualmente denominada Casa 47, en la promoción de vivienda pública entre 2018 y 2023.
En dicho informe, el órgano fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, detectó varios supuestos de resolución contractual por motivos imputables al contratista, entre ellos la redacción del proyecto de urbanización y las obras del Parque Central de Ingenieros en Valencia, así como la construcción de 90 viviendas protegidas en la urbanización de Loma de Colmenar (Ceuta).
Parque Central de Ingenieros en Valencia
En el caso del Parque Central de Ingenieros de Valencia, donde está previsto levantar viviendas sociales, la empresa pública de vivienda abrió el procedimiento para resolver el contrato del proyecto de urbanización, adjudicado por 189.883,20 euros (sin IVA), ante la falta de respuesta del contratista a los requerimientos formulados por el Ayuntamiento de Valencia. Sepes dejó pendiente de pago el 60% del importe del contrato y finalmente fueron sus propios servicios técnicos los que completaron el proyecto.
Tras la aprobación del proyecto de urbanización, la entidad pública de vivienda licitó las obras de urbanización de la actuación, pero tuvo que resolver el contrato debido a los “incumplimientos diversos del adjudicatario”. Finalmente, las obras se adjudicaron a Grupo Bertolín en octubre de 2024 por cerca de 1,2 millones de euros.
En la promoción de Loma de Colmenar, en Ceuta, el contratista adjudicatario pidió la suspensión del contrato para la construcción de 90 viviendas protegidas, solicitud que fue rechazada por Sepes. El contratista acudió a la vía contencioso-administrativa, donde se confirmó la denegación de la suspensión pedida y recurrida por la empresa. El consejo de administración de Sepes aprobó la resolución del contrato de obras por causas imputables al contratista.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas ha aconsejado a Sepes “que en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estudie la viabilidad de exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios y, en su caso, se inicie el correspondiente procedimiento”.
PSOE y Sumar han registrado propuestas de resolución, recogidas por Europa Press, para asumir esta recomendación y trasladarla a Casa 47. Estas iniciativas deberán debatirse y votarse en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y, en caso de recibir el visto bueno, se incorporarán al informe de fiscalización.