El Gobierno ha reiterado que implicará a todas las comunidades autónomas con costa en la próxima revisión del Reglamento General de Costas, y que solicitará de forma expresa sus informes antes de culminar la reforma. Así lo detalla en varias respuestas registradas en el Congreso de los Diputados, donde recuerda que ya modificó el Reglamento en 2022, una reforma que el Tribunal Supremo anuló en 2024 por un defecto de forma al haberse omitido el trámite obligatorio de consulta pública.
El Ejecutivo subraya que la finalidad esencial de la nueva modificación es ajustar la normativa a las exigencias de la Comisión Europea en materia de transparencia y concurrencia, sin variar los criterios técnicos de deslinde ni incidir en las concesiones de carácter no económico. "El Gobierno considera que estas medidas garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario", ha resaltado.
En relación con las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, el Gobierno aclara que la reforma no prevé acortar los plazos actualmente vigentes. Al contrario, la propuesta amplía de 50 a 75 años la duración máxima para las concesiones destinadas a cultivos marinos, manteniendo el resto de condiciones fijadas en la legislación de 2014.
Tramitación, consultas y dictamen del Consejo de Estado
El Ejecutivo sostiene que, en esta nueva tramitación, se están respetando escrupulosamente los plazos marcados por la normativa vigente y que no se han reducido respecto a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley del Gobierno. Precisa que la intención de modificar el Reglamento se sometió a consulta previa entre el 4 y el 19 de febrero de este año, periodo durante el cual se recibieron observaciones que sirvieron de base para elaborar un nuevo borrador.
Ese texto se ha sometido posteriormente a audiencia e información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026, cumpliendo así el trámite que faltó en la reforma anulada por el Supremo. El Ejecutivo añade que el dictamen del Consejo de Estado se pedirá en una fase posterior del procedimiento y que se recabará conforme a lo establecido en la normativa. Además, remarca que la actual propuesta reglamentaria no reproduce el contenido del Real Decreto que el Tribunal Supremo (TS) declaró nulo en enero de 2024 por la ausencia de consulta pública.
Preguntas del PP sobre el procedimiento y el impacto de la reforma
Estas explicaciones llegan como respuesta a una batería de cuestiones registradas en el Congreso por las diputadas del Partido Popular Rosa Quintana Carballo y Ainhoa Molina. Las parlamentarias preguntaron si el Ministerio dispone ya de un borrador articulado de la reforma y, en caso afirmativo, por qué no se hizo público durante la fase de consulta previa.
También han solicitado aclaraciones sobre si la propuesta actual coincide con el texto del Real Decreto anulado, y si el Ministerio ha pedido ya informe al Consejo de Estado acerca de la corrección del procedimiento elegido. Igualmente, han requerido que se detallen las razones "objetivas" por las que la consulta pública de una regulación "tan esencial" se ha "limitado" al plazo mínimo de 15 días.
Otro bloque de preguntas se centra en la participación de las comunidades autónomas. Las diputadas del PP han inquirido si el Gobierno convocó la Conferencia Sectorial con las CCAA costeras antes de iniciar la tramitación y si se ha reclamado algún informe específico a Galicia, "dada su especial afectación por extención de costa y concentración de actividades mar-industria".
Asimismo, han pedido aclarar si las concesiones vigentes en el dominio público marítimo-terrestre podrían verse afectadas por una eventual reducción del plazo máximo de 75 a 30 años, y cuántas de ellas corresponden a actividades ligadas al sector pesquero, marisqueo, acuicultura o transformación de productos del mar.
Las preguntas se extienden al posible impacto económico y laboral de una hipotética reducción de la duración de las concesiones, a si el Ejecutivo prevé modificar el régimen de prórrogas extraordinarias y a si tiene intención de cambiar los criterios técnicos de delimitación del dominio público marítimo-terrestre en relación con el alcance de los temporales.
Además, las diputadas populares interpelan al Gobierno sobre si considera que la regulación "restrictiva" de las concesiones en la costa se ajusta a los principios comunitarios de gestión integrada del litoral. También preguntan si se garantizará que las concesiones para el uso de viviendas "que se expropian cuando les afectan los nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre tendrán derecho a las prórrogas" y si el Ejecutivo asegura que la modificación reglamentaria no alterará las concesiones ya otorgadas ni las inversiones realizadas bajo el marco actual.
Presión de las autonomías costeras y demanda de una nueva ley de costas
En paralelo a este debate, varias comunidades autónomas del litoral celebraron en marzo la II Cumbre Nacional del Litoral, que reunió en Valencia a representantes de gobiernos autonómicos con costa para articular un frente común. Su objetivo es reclamar al Gobierno central la tramitación de una nueva ley de costas que refuerce la seguridad jurídica, sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada territorio, y deje atrás la actual "política de deslindes".
En ese encuentro, las autonomías acordaron un manifiesto en el que exigen una nueva norma básica, rechazan los reglamentos impulsados por el Ejecutivo y piden una reunión urgente de la comisión sectorial con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, según explicó el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus.
Las CCAA participantes se han comprometido además a constituir un grupo de trabajo encargado de redactar un borrador de nueva ley "con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular". La propuesta apunta a una norma que redistribuya competencias, acote la intervención del Estado en ámbitos como los deslindes y las obras de interés general y avance hacia un modelo de gestión del litoral principalmente autonómico.