El Gobierno ha decidido no incorporar por ahora la conexión móvil vía satélite en el nuevo pliego de licitación del sistema de pulseras telemáticas para víctimas de violencia machista, al considerar que existen “limitaciones técnicas relevantes”.
“En el momento de la licitación del servicio, cabe señalar que no existen en España operadores que proporcionen comercialmente la tecnología denominada Direct to Cell, encontrándose ésta en fase de pruebas desde el pasado mes de febrero. Dicha tecnología permitiría la conexión directa de determinados dispositivos a satélites de órbita baja, facilitando la prestación de servicios de voz y datos en zonas sin cobertura terrestre, si bien presenta limitaciones técnicas relevantes”, asegura el Ejecutivo.
Esta explicación figura en una contestación parlamentaria escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a varias preguntas del PP sobre la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual.
Los 'populares' cuestionan por qué el nuevo pliego para las pulseras telemáticas no contempla la obligación de disponer de cobertura satelital en los terminales, “pese a contar con un presupuesto base de licitación suficiente” y “de existir tecnologías disponibles y ampliamente extendidas como la tecnología 3GPP Release 17”. A su juicio, esta decisión deja “desprotegidas” a víctimas que residen en áreas rurales o de montaña.
El grupo parlamentario también interpela al Ejecutivo sobre cómo piensa garantizar la atención y protección específica a las mujeres víctimas de violencia de género en el entorno rural y en zonas montañosas, “evitando crear víctimas de primera y segunda clase”.
En su respuesta, el Gobierno detalla que la comunicación por satélite exige “visibilidad directa sin obstáculos” entre el dispositivo y el satélite, lo que, añade, “reduce significativamente su eficacia en interiores de edificios o vehículos, así como en entornos con interferencias físicas o condiciones atmosféricas adversas”.
Del mismo modo, subraya que este tipo de conexión “implica un mayor consumo energético, al requerir mayores niveles de potencia en la transmisión, circunstancia cuyo impacto en la autonomía de los dispositivos deberá ser objeto de análisis cuando la tecnología esté disponible”.
Al encontrarse todavía “en fase de pruebas”, el Ejecutivo considera que resulta “necesario esperar a su evolución y despliegue efectivo para valorar con precisión sus posibilidades reales de aplicación” en este sistema de control telemático.
El contrato para la gestión del sistema tendrá una vigencia inicial de 36 meses y dispone de un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría alcanzar los 111.100.438,80 euros, valor estimado del contrato, si se aplican las dos prórrogas anuales previstas, con lo que la duración máxima se extendería hasta los 60 meses.
El Ejecutivo indica asimismo que en el pliego de prescripciones técnicas se recogen “de manera detallada” todos los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad que deben cumplir los distintos componentes del sistema de seguimiento: el sistema de telecomunicaciones, el de monitorización y control (Sala Cometa), el de desarrollo y mantenimiento de software y el de infraestructura, procesamiento y almacenamiento de datos.
Igualmente, se fijan las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que integran los dispositivos electrónicos y se concretan las características que han de reunir todos los servicios del sistema, “sin perjuicio de las diferentes soluciones que pueden ofrecer los licitadores y que serán valoradas durante el proceso de licitación, conforme a los criterios de adjudicación descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato”.
AFIRMA QUE SE REALIZARÁN “LOS AJUSTES NECESARIOS”
Por último, el Gobierno aclara que se llevarán a cabo “los ajustes necesarios” para adaptar los dispositivos ya existentes a la nueva solución y, en su caso, “realizar el cambio de los dispositivos que así lo requieran, ajustados a la complejidad del servicio y a la diligencia que exige el adecuado cumplimiento del contrato”.
Este nuevo contrato se impulsa tras los fallos detectados en el Sistema Cometa, la plataforma que soporta el funcionamiento de estas pulseras, después de que la Fiscalía General del Estado alertara de dichas incidencias en su memoria correspondiente al 2024.