El Gobierno sostiene que las Reales Academias y el Instituto de España son entidades privadas "sui generis" que disfrutan de una "total" autonomía funcional frente a la Administración General del Estado, la cual no dispone de competencias para dictarles ningún tipo de instrucción de carácter científico ni gubernativo.
Así lo indica el Ejecutivo en una contestación parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, remitida a raíz de varias preguntas escritas del PP en el Congreso sobre una eventual injerencia o influencia del Gobierno en las próximas elecciones para la dirección de la Real Academia Española (RAE) y sobre si el gabinete respalda las manifestaciones y valoraciones del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acerca del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
En el documento, el Gobierno detalla que, aunque las Reales Academias y el Instituto de España se adscriben formalmente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la autonomía de la RAE se encuentra garantizada por su normativa específica. En primer término, recuerda que el Real Decreto 1109/1993 reconoce a la Real Academia Española como una corporación con personalidad jurídica propia y le confiere la facultad de decidir de manera independiente en todos los asuntos lingüísticos, literarios, de organización interna y económicos que le competen.
Asimismo, el Reglamento de 2014 dispone que los estatutos y el propio reglamento deben interpretarse del modo más favorable a la autonomía y suficiencia normativa de la RAE, "en cuanto no se opongan a la legislación general". Igualmente, se recoge que la institución está facultada para adoptar "cuantas decisiones convengan al cumplimiento de sus fines".
En su iniciativa, el PP también planteaba al Gobierno si considera que la controversia generada por las palabras de Montero --en las que afirmaba que la RAE está en manos "de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias"-- fortalece o debilita la posición del español como lengua global y si estima que entra dentro de las competencias del Instituto Cervantes el "valorar o juzgar públicamente las actuaciones del director de la RAE".