El Pleno del Congreso afrontará en los próximos días el debate y la votación de la toma en consideración de la proposición de ley acordada entre ERC y el Ejecutivo catalán para poner en marcha un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, con el respaldo de Junts aún sin confirmar.
La iniciativa legislativa para constituir este consorcio de inversiones ha sido registrada por ERC y figura en el pacto de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, suscrito entre el PSC y los republicanos.
La finalidad de este consorcio será encargarse de la gestión y ejecución de las inversiones que el Gobierno central realice en territorio catalán.
Se prevé que el consorcio adopte la forma de órgano paritario entre Gobierno y Govern, con el objetivo de agilizar la tramitación de las inversiones, y que su activación dependa de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.
Con todo, será el Pleno del Congreso el que deba decidir este martes si inicia o no la tramitación parlamentaria del texto, para lo cual los votos de Junts resultan determinantes. Hasta ahora, la formación de Carles Puigdemont no ha aclarado el sentido de su voto, aunque el Gobierno catalán ya les ha reclamado que se posicionen a favor.
Funciones del consorcio y diseño del plan plurianual
De acuerdo con la proposición de ley, el primer nivel de actuación recae en el propio consorcio de inversiones, al que se atribuye la elaboración del Plan Plurianual de Inversiones y de los programas que lo desarrollen, además del seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones inversoras del sector público estatal en Cataluña.
Un segundo nivel, relativo a la ejecución de estudios, proyectos, obras y otras actuaciones materiales, podrá delegarse en una Sociedad Mercantil integrada en el sector público empresarial estatal y participada tanto por la Administración General del Estado como por la Generalitat de Cataluña.
“La opción por esta fórmula societaria responde a la necesidad de disponer de un instrumento de gestión dotado de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa para el desarrollo de actuaciones de inversión. Dicha Sociedad tendrá la condición de medio propio personificado y servicio técnico de las administraciones participantes”, explica la proposición de ley.