El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actualizado en febrero de 2025, ha logrado poner en marcha el 51% de sus actuaciones durante su primer año de vigencia.
Así lo ha comunicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados.
En su intervención, Martínez Perza ha expuesto las principales conclusiones del Informe anual de Evaluación del Pacto de Estado. En este marco, ha detallado que, a diciembre de 2025, se habían puesto en marcha 235 de las 461 medidas previstas, lo que representa un 51% de ejecución total en menos de un año.
También ha precisado que el Ministerio de Igualdad, como departamento que lidera el pacto, registra un 54% de ejecución. En concreto, asume la responsabilidad de 113 de las 211 medidas que coordina. Por su parte, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes encabeza 82 medidas; Interior, 48; Educación, Formación Profesional y Deportes, 27; Juventud e Infancia, 27; Transformación Digital y Función Pública, 27; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 25; Sanidad, 22; y Asuntos Exteriores, 16.
Martínez Perza ha subrayado que el ritmo de implantación de las medidas depende de su dificultad técnica y normativa: “Algunas son inmediatas, como campañas, formaciones o ajustes de protocolos y otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación”, ha aseverado.
En el plano presupuestario, la delegada ha indicado que la Administración General del Estado destinó más de 82 millones de euros a medidas de aplicación directa, junto con 160 millones transferidos a las comunidades autónomas y 40 millones a las entidades locales. Estos recursos han permitido mantener, según ha explicado, dispositivos como los centros de crisis 24 horas y el teléfono 016, y ha avanzado que se contemplan 11,9 millones adicionales para 2026 destinados a actuaciones de atención y prevención.
Durante su comparecencia, se ha referido igualmente al proyecto de ley contra la trata en el que trabaja el Ministerio de Igualdad, cuyo texto ha resaltado que “está muy avanzado”. Ha precisado que incorporará instrumentos para la persecución de los delitos, así como medidas de prevención, atención social integral, sensibilización y formación específica de profesionales. Además, ha recalcado que situará a las entidades especializadas “en un lugar central” dentro del sistema de detección, identificación y derivación de víctimas a los recursos especializados.
“Es importante recordar que esta ley ataja todas las finalidades de la trata y la explotación de seres humanos entre las que se incluyen no sólo la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, sino también las que tienen que ver con la explotación laboral”, ha apuntado.
Asimismo, ha avanzado que el texto contra la trata se prevé elevar como proyecto de ley orgánica al Consejo de Ministros “a lo largo del primer semestre de 2026”. En la misma línea, ha añadido que la ley de medidas contra la violencia vicaria será “próximamente” aprobada también.