La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha optado por no cerrar, por ahora, dos quejas ciudadanas que denuncian una posible vulneración de los derechos de las víctimas debido al mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato en España, mientras la Comisión Europea continúa analizando si se produjo un uso indebido de financiación europea para la compra de estos dispositivos.
Así lo ha comunicado este martes su vicepresidente, el eurodiputado polaco del PPE Fredis Beleris, quien ha precisado que será la Comisión Europea la que deba enviar una contestación formal a las dos peticiones registradas en la Eurocámara por la Confederación Española de Policía (CEP) y por la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica ANAVID.
En el debate ha intervenido el representante de la CEP, David Gutiérrez Prieto, que ha reclamado que se investigue su denuncia al señalar que estas pulseras defectuosas se han financiado con fondos Next Generation, algo que ha calificado de "importantísimo" porque "las instituciones europeas deberían saber" si los equipos adquiridos con ese dinero "son de calidad y protegen los derechos fundamentales de las víctimas".
También ha tomado la palabra la asociación ANAVID, cuyo portavoz ha sostenido que la protección real de las víctimas "ha sido sacrificada en el altar de la propaganda política", por lo que ha solicitado a la Eurocámara una "auditoría técnica externa" y que no permita que "la ideología siga cegando la realidad técnica".
A continuación ha intervenido una representante de la Comisión Europea, que se ha limitado a señalar que la directiva sobre violencia doméstica fue aprobada en 2024 e incorpora una orden de protección que contempla medidas para personas en situación de riesgo, como el uso de dispositivos electrónicos.
Tras recordar que los Estados miembro disponen hasta finales de 2027 para incorporar esta directiva a sus legislaciones nacionales, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que en el caso de España "se ha adoptado totalmente". No obstante, ha precisado que los servicios jurídicos de la Comisión continúan examinando el posible mal uso de fondos europeos, sin ofrecer por ahora más información.
En noviembre, la Comisión Europea ya indicó que conocía los problemas detectados en las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España y anunció que evaluaría la situación, dado que de la correcta ejecución del proyecto dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la Unión Europea que España podrá solicitar cuando reclame el octavo desembolso previsto en su plan nacional.
PP reclama responsabilidades políticas por las pulseras fallidas
El PP, que ha apoyado las peticiones planteadas por CEP y ANAVID, ha pedido a la Comisión Europea que exija responsabilidades al Gobierno. La eurodiputada 'popular' Rosa Estarás ha advertido de que las pulseras antimaltrato "han sufrido fallos graves durante 2024 tras el cambio en la adjudicación del servicio", lo que, a su juicio, ha "puesto en riesgo la protección de numerosas víctimas".
Según ha detallado, los juzgados han recibido múltiples avisos sobre dispositivos defectuosos y la propia Fiscalía General del Estado ha admitido en su memoria que esta situación ha dado lugar a "sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores". Por ello, ha instado a Bruselas a verificar si se han respetado las condiciones ligadas a los fondos europeos antes de autorizar nuevos pagos.
En sentido contrario, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha censurado el negacionismo de la violencia de género de uno de los peticionarios y de algunos grupos de la Eurocámara, y a renglón seguido ha expresado su respaldo a que la petición continúe abierta porque al PSOE "sí que le importan las víctimas".
"Por supuesto que vamos a pedir que esta petición se mantenga abierta, que se remita a la Comisión para que nos remita un informe por escrito, pero que también haga un llamamiento a la responsabilidad", ha señalado, subrayando que ninguna de las 21.000 mujeres afectadas por el fallo de las pulseras ha sido víctima mortal.
Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha cargado contra el Gobierno por su "incompetencia en la gestión y absoluta falta de asunción de responsabilidades", y ha exigido que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abone "la indemnización de esas mujeres que están sufriendo porque fallen" las pulseras.