El Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno definitivo al acuerdo cerrado con el Consejo para que la Unión Europea recorte en 2040 un 90 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. El pacto incluye mecanismos de flexibilidad que permiten a los Estados miembro cubrir hasta un 5 % de ese ajuste mediante la adquisición de créditos internacionales de carbono.
Con 413 votos a favor, 226 en contra y 12 abstenciones, la Eurocámara allana el camino para que este nuevo objetivo intermedio se incorpore a la Ley Europea del Clima como obligación jurídicamente vinculante para todo el bloque, en una etapa adicional hacia la neutralidad climática de la UE en 2050.
El compromiso alcanzado introduce instrumentos adicionales para que los gobiernos puedan alcanzar la meta sin menoscabar su competitividad. A partir de 2036, ese margen del 5 % se podrá cubrir con créditos procedentes de terceros países bajo requisitos estrictos.
En particular, estas compensaciones tendrán que ajustarse a estándares ambientales exigentes, provenir de socios cuyos compromisos climáticos estén alineados con el Acuerdo de París y limitarse a actividades que queden fuera del régimen europeo de comercio de emisiones. Además, deberán incorporar salvaguardas para evitar impactos contrarios a los intereses estratégicos de la Unión.
El texto también contempla que las absorciones permanentes de carbono contabilizadas a nivel nacional puedan utilizarse para compensar emisiones difíciles de recortar dentro del mercado europeo de carbono, y abre la puerta a una mayor flexibilidad para repartir los esfuerzos entre sectores con el objetivo de contener los costes.
Asimismo, la entrada en vigor del nuevo sistema de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera, el ETS2, se pospone un año y arrancará en 2028 en lugar de 2027, según ha señalado la propia Eurocámara.
La Comisión Europea deberá revisar cada dos años el progreso hacia el objetivo de 2040, teniendo en cuenta la evidencia científica disponible, los avances tecnológicos, la situación de la industria europea y el efecto de los precios de la energía sobre empresas y hogares.
A partir de esas evaluaciones periódicas, el Ejecutivo comunitario podrá proponer ajustes normativos, incluida una posible revisión del objetivo o la introducción de nuevas medidas de apoyo si lo estima necesario para salvaguardar la competitividad y la cohesión social durante la transición.
El acuerdo aún debe recibir la adopción formal del Consejo antes de su aplicación. La norma entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).