La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó este jueves una iniciativa del PP para reclamar que se impida a los medios propios del Gobierno, entre ellos Ineco, asumir las valoraciones técnicas de licitaciones de contratos vinculados al Plan de Recuperación, después de haberse detectado dos denuncias en Adif por una posible manipulación irregular de puntuaciones en informes de evaluación de contratos.
La propuesta, impulsada por el partido de Alberto Núñez Feijóo, se incorporó a una resolución planteada al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para ejecutar el Plan de Recuperación a 31 de diciembre de 2024.
Este jueves, la comisión mixta Congreso-Senado analizó y sometió a votación esta iniciativa junto al resto de propuestas de resolución registradas por PP, PSOE, Vox y Sumar al citado informe de fiscalización, dando finalmente su respaldo a todas las planteadas por los distintos grupos.
En ese informe, el órgano que preside Enriqueta Chicano advertía de que la gestora de infraestructuras ferroviarias había actuado con escaso rigor al investigar dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en las que Ineco habría tenido participación.
Denuncia del Tribunal de Cuentas
En julio de 2022 se presentó una denuncia en Ineco al considerar que un empleado de Adif “supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones” de contratos sufragados con fondos europeos. Dos meses después se registró otra denuncia en Adif por una presunta “falsificación de puntuaciones en licitaciones”.
Tras estas comunicaciones, Adif determinó que “no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación”, pero el Tribunal de Cuentas le reprochó la falta de exhaustividad y de rigor en la investigación interna.
En los últimos meses, Ineco también ha quedado señalada en las pesquisas sobre la trama Koldo por su intervención avalando contratos y por haber ‘fichado’ a mujeres recomendadas por el entonces ministro José Luis Ábalos pese a no contar con la formación necesaria.
Controles sobre la imparcialidad y lucha contra el fraude
Junto al veto a la empresa pública de ingeniería en las valoraciones técnicas, se aprobó otra resolución para instar al Gobierno a implantar verificaciones anuales obligatorias de amenazas a la imparcialidad en estas evaluaciones, incorporando compromisos futuros en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses de personal propio y externo, incluidos los medios propios como Ineco.
Asimismo, salió adelante la puesta en marcha de un plan antifraude específico frente a posibles colusiones en las ofertas, reclasificando como de alto riesgo determinadas conductas (selección de actuaciones, sobornos) y sometiendo a auditorías externas los contratos del Plan de Recuperación de más de un millón de euros. También se plantea reformar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que se cumplimenten de forma individualizada por cada expediente de contratación.
Respaldo a las propuestas de PSOE, Vox y Sumar
En la misma sesión se aprobaron las resoluciones presentadas por PSOE, Vox y Sumar. En el caso de los socialistas, la comisión acordó reclamar que Adif y Adif-Alta Velocidad adopten medidas para reforzar la prevención y gestión de los conflictos de interés en el personal de medios propios con funciones de gestión y gobernanza del Plan de Recuperación.
Igualmente, se dio el visto bueno a que el operador detalle con mayor precisión si se han detectado amenazas a la imparcialidad en relación con las tareas que desempeñan y los procedimientos en los que intervienen las personas verificadas, así como ampliar la información sobre los compromisos de pago con empresas proveedoras.
Las propuestas de Vox instan al Ejecutivo a que Adif y Adif-Alta Velocidad acometan actuaciones específicas para garantizar la prevención y gestión de conflictos de interés en el personal de medios propios con responsabilidades en la gestión del Plan de Recuperación, además de impulsar “sin dilación” un plan de acción para reducir el riesgo de prácticas colusorias.
Por último, Sumar obtuvo apoyo para exigir que la autoevaluación del riesgo de fraude realizada por Adif actualice la valoración del riesgo neto y los resultados del plan de acción frente al riesgo de prácticas colusorias en las ofertas, con el objetivo de situarlo en un nivel de riesgo considerado aceptable.