La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha instado al Gobierno a revisar la normativa y los criterios administrativos del “Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego” con el fin de elevar de seis meses a un año el periodo mínimo de vigencia de la autoprohibición voluntaria para personas con problemas de juego.
La petición se dirige al Ejecutivo tras la aprobación este martes de una Proposición no de Ley promovida por el PP, que ha prosperado con los 18 votos favorables de los ‘populares’, mientras que PSOE, VOX y Sumar han optado por la abstención.
La iniciativa reclama además que la modificación del plazo mínimo “responda a criterios clínicos y de protección eficaz desde el consenso real con las asociaciones especializadas en el tratamiento de las adicciones al juego, así como de los expertos en prevención y salud mental”.
Igualmente, se plantea analizar la puesta en marcha de medidas adicionales de seguimiento, apoyo psicológico y evaluación previa en los procesos de baja del registro, sobre todo en los casos reincidentes o de especial vulnerabilidad, con el objetivo de “garantizar el carácter protector de esta medida, así como la salida responsable del sistema de autoprohibición y evitar recaídas”.
En la defensa de la propuesta, la diputada del PP Lourdes Ramírez ha señalado que es “sensata, proporcionada y necesaria, no invade competencias, no estigmatiza y no impone tratamientos”, sino que “refuerza una herramienta preventiva para que cumpla, de verdad, su función protectora”.
“Ampliar plazos, escuchar a los expertos y acompañar los procesos no es ideología, es responsabilidad política”, ha subrayado Ramírez, que ha remarcado que el PP considera que “proteger a los más vulnerables no puede esperar”.
Pueden generarse “efectos contraproducentes”
Por parte del PSOE, la diputada Olvido de la Rosa ha comunicado la abstención de su grupo y ha explicado que el sistema vigente ya contempla la prórroga del plazo. Al mismo tiempo, ha advertido de que “un sistema excesivamente rígido para estas personas en la fase inicial puede generar efectos contraproducentes, como la sensación de pérdida de control por parte de la persona o, lo que es más grave, el desplazamiento hacia el juego ilegal durante ese tiempo”.
“No compartimos tampoco la propuesta de introducir evaluaciones psicológicas obligatorias como requisito para salir del registro. El acceso al registro tiene, en la mayoría de los casos, un carácter voluntario y no puede presuponerse que las personas inscritas hayan perdido o tengan menoscabado el libre ejercicio de su voluntad”, ha defendido la socialista.
El portavoz de Vox, Tomás Fernández, ha señalado que medidas de este tipo, “por muy bien intencionada que sea”, no solucionan el “problema de fondo” del registro, que a su entender es la “interterritorialidad”. A su juicio, “la existencia en España de, al menos, 17 registros de interdicciones distintos, muchos de ellos sin conexión efectiva entre sí, constituye una disfunción del sistema”.
Desde Sumar, Rafael Cofiño ha considerado que, “siendo razonable”, tal vez debería abordarse “de una forma mucho más calmada y evitando esta culpabilización partidista con lo que a veces se utilizan ciertas decisiones”.
Por otro lado, la Comisión Mixta de Adicciones ha dado luz verde a otra iniciativa del PP para instar al Gobierno de España a “incrementar y priorizar la inversión en campañas y medidas de prevención de la ludopatía online, de forma que, como mínimo, se iguale o supere la cuantía total destinada a la promoción del juego, considerando todos los programas, campañas publicitarias y acciones financiadas desde ministerios, entidades públicas y cualquier instrumento de comunicación institucional”.
El texto también plantea que el Ejecutivo “impulse la realización de un estudio científico exhaustivo que profundice en la perspectiva neurológica, psicológica y social del trastorno por juego, integrando evidencia científica actualizada sobre factores de riesgo, mecanismos adictivos, impacto en la salud mental y tratamientos emergentes basados en la evidencia”.
Entre las medidas se incluye asimismo la puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización dirigidas especialmente a adolescentes, familias y comunidades educativas, que aborden de forma explícita el impacto de las tecnologías digitales, los dispositivos móviles y las plataformas de juego online en la salud mental y en la conducta, con el propósito de reducir los riesgos asociados al uso compulsivo y prevenir la aparición de la adicción.