El PNV ha reclamado este lunes al Gobierno central que los propietarios que tienen una vivienda arrendada queden al margen de las medidas antidesahucio previstas en el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, mañana dentro de la prórroga del denominado escudo social hasta 2026.
Ese mismo día, el Ejecutivo ha cerrado un acuerdo con EH Bildu para extender dicho escudo social, que contempla la prohibición de los desahucios y del corte de suministros esenciales, como el agua o la electricidad, a personas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, la formación jeltzale plantea que la protección no se limite a los inquilinos vulnerables, sino que se amplíe también a los arrendadores de vivienda, de forma que sea el Estado quien asuma la responsabilidad última y garantice una alternativa habitacional a quienes no pueden afrontar el pago del alquiler.
“Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas”, ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. El partido subraya que esta iniciativa busca asimismo reactivar el mercado del alquiler, que está “muy mermado” y sometido a una fuerte tensión al alza de los precios.
Según Vaquero, las políticas de vivienda puestas en marcha hasta la fecha “solo sirven para retraer la oferta del alquiler”, ya que muchos propietarios que ponen sus inmuebles en el mercado acaban asumiendo situaciones de vulnerabilidad que consideran ajenas a ellos.
Ante este escenario, el PNV sostiene que numerosos dueños optan por no alquilar sus pisos o por excluir a familias que carecen de avales o no pueden acreditar una estabilidad económica a medio y largo plazo, lo que, en palabras de la portavoz, provoca que “así las familias vulnerables se quedan fuera del mercado y es justo lo que intentamos evitar”.
Crítica a la mezcla de medidas en un solo decreto
Por otra parte, Vaquero ha censurado que el Gobierno integre en un único decreto ayudas sociales y medidas coyunturales junto con reformas de carácter estructural que, a su juicio, podrían recabar un respaldo más amplio en el Congreso, como la revalorización de las pensiones, el refuerzo de las prestaciones familiares, la mejora de las cotizaciones a la Seguridad Social o la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de otras disposiciones fiscales que no se aplican en Euskadi.
En esta línea, la portavoz ha recalcado que su formación “siempre está del lado de quienes lo necesitan”, pero insiste en que la extensión del escudo social debe abordarse “sin populismos y de acuerdo con las circunstancias”, separando las medidas urgentes de las reformas de fondo.