El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este miércoles en el Pleno un nuevo enfrentamiento institucional con el Gobierno y el Congreso, a raíz del veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas a la ley contra la multirreincidencia que pretendían acotar el proceso de regularización de inmigrantes reforzando la comprobación de antecedentes penales.
Con esta decisión, los 'populares' dan el primer paso para poder llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional (TC) mediante un conflicto de atribuciones entre órganos del Estado.
El procedimiento de conflicto de atribuciones arranca a iniciativa de un grupo parlamentario —en este caso, el PP— y, gracias a su mayoría absoluta, se aprueba en el Pleno de la Cámara Alta. A partir de ahí, el Senado lo asume como propio y lo remite formalmente al Congreso y al Gobierno.
Desde ese momento, tanto el Congreso como el Gobierno disponen de un mes para responder desde que reciben la comunicación del conflicto de atribuciones, aunque también pueden optar por no contestar y dar el trámite por concluido. Si alguna de las instituciones lo rechaza, el Senado tiene la opción de abrir la vía para elevar el caso al Tribunal Constitucional (TC).
El PP denuncia una “aberración constitucional”
El senador del PP Antonio Silván ha sido el encargado de defender en el Pleno este conflicto de atribuciones, acusando al Ejecutivo de "borrar el Senado" con su veto a las enmiendas introducidas durante la tramitación en la Cámara Alta.
"Estamos ante una alteración consciente del procedimiento legislativo. Estamos ante una auténtica aberración constitucional", ha advertido el parlamentario 'popular'.
Según Silván, el Gobierno "no tiene estabilidad" y por ello habría optado "por una vía muy peligrosa", consistente en "controlar el procedimiento para controlar el resultado". A su juicio, "esto no va del PP, esto va de algo mucho más importante, va de si el Senado tiene función legislativa o no".
Una herramienta inédita hasta esta legislatura
El PP está utilizando su mayoría absoluta en el Senado para explotar la vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un mecanismo que nunca se había empleado en la Cámara Alta y que en esta legislatura ya se ha activado en torno a una decena de ocasiones contra el Congreso o el Gobierno.
El grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo ha recurrido a estos choques con el Congreso y el Ejecutivo por distintos motivos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo en el Congreso de leyes procedentes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; cambios en la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un Pleno.
El primer conflicto entre órganos constitucionales de la etapa democrática lo promovió el PP hace ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al considerar que era "una reforma Constitucional encubierta".
Aquel pulso institucional, inédito desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, continuó su tramitación hasta que el Congreso se negó a retirar la Ley de Amnistía, dejando la decisión final en manos del PP en el Senado.
Finalmente, un mes más tarde, los 'populares' aprobaron en la Cámara Alta un escrito dejando sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, renunciando así a elevarlo al Tribunal Constitucional (TC).
Diez conflictos en apenas dos años
Tras el episodio de la amnistía, el PP ha encadenado en estos dos últimos años más de una decena de conflictos de atribuciones por diferentes causas, varios de los cuales sí han terminado en el Tribunal Constitucional.
Uno de ellos se refiere a la ley que permite conmutar a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, al entender el PP que el Senado vetó la norma y el Congreso ignoró esa decisión.
Los 'populares' también promovieron un conflicto ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, un escenario que, según denuncian, se repitió con la Ley de Desperdicio Alimentario y con la Ley de Navegación Aérea.
En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP impulsó en el Senado un choque institucional con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a "revocar la corrección de errores" introducida "manera fraudulenta" en esta norma mediante el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su paso por las Cortes.
Presupuestos y ausencia de Sánchez, también en el foco
Otro de los conflictos institucionales promovidos por el PP en el Senado se dirigió contra el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley aprobadas en la Cámara Alta.
Además, a finales del pasado año, el Senado decidió plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno, a instancias del PP, por no cumplir su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Por último, la Cámara Alta inició a finales de marzo los trámites para elevar al Constitucional un nuevo choque con el Ejecutivo por la ausencia de Sánchez en un Pleno extraordinario celebrado en enero.