El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley orgánica que reforma la ley orgánica del sistema universitario (LOSU), con el objetivo de derogar el real decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades. Para ello, propone introducir una disposición derogatoria única que deje sin efecto la norma promovida por el PSOE.
En el texto registrado, al que ha accedido Europa Press, los populares sostienen que el Ejecutivo "se ha extralimitado" al regular mediante real decreto una materia que, en su opinión, "precisa rango de ley".
Asimismo, el PP argumenta que con esta regulación "se ha generado inseguridad jurídica, se ha aprobado sin consenso, y establece unos criterios que no persiguen buscar la calidad del sistema universitario, todo ello de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".
El real decreto ya se encuentra impugnado ante el Tribunal Supremo por distintas administraciones autonómicas, entre ellas la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja, así como por varias universidades y centros privados: CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Gobierno introdujo cambios en el decreto para obtener el respaldo del Consejo de Estado, que en su dictamen formuló dos observaciones consideradas esenciales.
En respuesta a estas observaciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades suprimió la obligación de que la entidad promotora acreditara experiencia previa en gestión universitaria. Sin embargo, se mantiene la exigencia de que el equipo directivo de la futura universidad disponga de experiencia en gestión universitaria.
De este modo, cuando el proyecto de una nueva universidad presente su memoria para ser evaluada, deberá especificar quién integrará el primer equipo que previsiblemente dirigirá la institución, con el fin de garantizar su solvencia.
Por otra parte, el Consejo de Estado señaló que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria sobre la ampliación de la oferta de titulaciones por parte de las nuevas universidades no podía tener carácter vinculante. Tras la modificación del decreto, la ampliación de títulos deberá someterse al informe de la Conferencia General de Política Universitaria, pero dicho pronunciamiento no será vinculante.