La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado este viernes que su partido está estudiando impulsar en la Cámara Alta un nuevo conflicto institucional frente al Gobierno y al Congreso. El motivo es el veto del Ejecutivo a la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, en la que los populares habían incorporado una enmienda que restringía el actual proceso de regularización de inmigrantes mediante un mayor control de los antecedentes penales.
Alicia García se ha expresado en estos términos en una comparecencia ante los medios desde el Senado, centrada en el rechazo del Gobierno a la enmienda del PP introducida en la ley de multirreincidencia durante su paso por la Cámara Alta.
En todo caso, la dirigente del PP ha responsabilizado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar con “tics autoritarios” por el veto a la iniciativa de su grupo. Aunque ha admitido que están analizando la opción de activar ese choque institucional, ha precisado que no se debatirá en el próximo Pleno de la Cámara.
De acuerdo con el procedimiento previsto para un conflicto institucional, el PP debería registrar formalmente la iniciativa en el Senado, donde se sometería a votación en una sesión plenaria. Gracias a su mayoría absoluta, la Cámara Alta la asumiría como propia y la remitiría posteriormente tanto al Gobierno como al Congreso.
Una vez recibido el planteamiento del conflicto de atribuciones, el Gobierno y el Congreso dispondrían de un plazo de un mes para responder, aunque también podrían optar por no contestar y considerar el asunto por concluido. Si no hubiera respuesta o esta fuera negativa, correspondería al Senado decidir si eleva finalmente el caso al Tribunal Constitucional o si da por terminado el procedimiento sin continuar adelante.