El Grupo Popular en el Congreso ha reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que remita los expedientes e informes técnicos, jurídicos y económicos elaborados por los órganos competentes que “acrediten la eficacia, viabilidad e implementación” del uso de la señal V-16 “como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras”.
La petición registrada por los populares en la Cámara Baja el pasado 19 de diciembre, y a la que ha tenido acceso Europa Press, busca aclarar las bases que han llevado a la Administración a generalizar este dispositivo luminoso.
La baliza V-16 será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para advertir de averías y siniestros en carretera. Estos dispositivos deben contar con certificación de IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados para verificar que los modelos se ajustan a la normativa exigida para su utilización y correcto funcionamiento.
Con la entrada en vigor de esta obligación, circular sin una baliza V-16 en el vehículo, o disponer de una que no esté debidamente homologada, conllevará una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba a quienes no portaban los triángulos de preseñalización.
Días antes de que el uso de la V-16 pasara a ser exigible en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT decidió retirar la homologación a varios modelos de balizas. Esta decisión obedeció principalmente a la falta de renovación de las licencias por parte de algunos fabricantes y no a defectos técnicos en el funcionamiento de las luces.
Las policías serán “flexibles” en la aplicación de sanciones
En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la semana pasada que la Guardia Civil y el resto de cuerpos de policía de tráfico serán “flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo” respecto a la obligación de llevar la baliza V-16, exigible desde este 1 de enero.
“Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas”, subrayó el titular de Interior en una rueda de prensa en la que presentó el balance provisional de seguridad vial 2025.
Grande-Marlaska resaltó que España ha sido el primer país en implantar esta medida, mientras “algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación”. También recordó que Reino Unido y Luxemburgo han decidido suspender el uso de los triángulos en autopistas por el riesgo que implican.
El ministro explicó que los 103 peatones fallecidos en carretera en 2025 suponen casi el 10% del total de víctimas mortales y precisó que “en un número importante de casos” fueron atropellados al abandonar su turismo por distintos motivos, “muy a menudo” para colocar los triángulos de preseñalización del vehículo detenido.
Añadió que, desde 2014, “numerosos” operadores de la seguridad vial venían alertando del peligro de atropello que asumen los conductores al realizar esta maniobra. “En 2019, el sector de los servicios de auxilio en carretera también nos pidió medidas de seguridad para los operarios de las grúas que atienden a los vehículos”, recordó.
“Todas y todos los que nos hemos tenido que bajar de un coche para colocar un triángulo sabemos del peligro que dicha conducta entraña”, señaló, defendiendo que era “imprescindible adoptar alguna medida que frenase esa sangría” y justificando así la apuesta por la baliza V-16.
Según Grande-Marlaska, el Gobierno está convencido de que la V-16 “ayudará a reducir ese factor de mortalidad vial” y de que “encaja” plenamente en su “estrategia de movilidad sostenible y conectada” orientada a disminuir el número de fallecidos en carretera.
Detalló que “la señal V-16 como sustituta de los triángulos, en primer lugar, evita el riesgo que supone bajar del vehículo. Incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículos conectados para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera y a las pantallas y paneles de información variable”.
En cuanto a la protección de datos, el ministro insistió en que “no hay ninguna captación de datos” distinta de la geolocalización del vehículo y rechazó abrir otros debates ajenos a la seguridad vial. “Con la vida y con salvar vidas, yo no juego”, enfatizó, antes de remarcar que se calcula que cada año fallecen 25 personas al señalizar una avería o accidente.