El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno que promueva modificaciones legales destinadas a evitar que investigados o acusados por violencia de género se valgan de forma fraudulenta de la rectificación registral de sexo con objetivos procesales.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea la creación de un incidente específico y de tramitación preferente cuando, en un procedimiento penal por violencia contra las mujeres, el investigado o acusado haya solicitado el cambio registral al amparo de la llamada Ley Trans y existan indicios de que dicha petición pueda tener una finalidad “instrumental” o “generar dilaciones”.
El PP destaca que la propia ley recoge que la rectificación registral no modifica el régimen jurídico aplicable, pero alerta de que en la práctica se han detectado “incidencias procesales de especial complejidad” en causas relacionadas con violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, cuando se producen actuaciones sobrevenidas con trascendencia jurídica, como cambios registrales de sexo del investigado o acusado, y se cuestionan sus efectos en la tramitación (competencia, inhibición, continuidad del órgano especializado, señalamientos, ejecución y coordinación).
Por este motivo, los populares plantean que, ante alegaciones de fraude de ley, se asegure la intervención del Ministerio Fiscal, la audiencia de la víctima y de las partes y una resolución motivada en un plazo reducido. Del mismo modo, reclaman criterios de prioridad reforzada cuando existan medidas de protección vigentes y, especialmente, si concurren antecedentes acreditados de quebrantamiento, reiteración delictiva o indicadores objetivos de riesgo.
Además, reclaman que se garantice en todo momento la continuidad efectiva de las medidas penales de protección adoptadas, asegurando su comunicación inmediata y su plena ejecutividad durante remisiones, inhibiciones o incidencias procesales, así como una actuación prioritaria frente a posibles quebrantamientos.
Igualmente, piden intensificar la coordinación entre órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de atención a víctimas “de modo que la existencia de incidencias procesales o la sustanciación del incidente preferente no comprometa la ejecución de las medidas penales en vigor”.