El PP ha reclamado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso “una desclasificación integral del sanchismo”, mientras el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado a los 'populares' de difundir “bulos” en los que “se revuelcan”.
Durante el Pleno del Congreso, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha intervenido a raíz del anuncio del Ejecutivo sobre la desclasificación de documentos del 23-F, pero ha ido más allá solicitando “una desclasificación integral del sanchismo”.
“La democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, qué negociaron con Delcy Rodríguez en Barajas, qué motivó la traición del Sáhara, qué hacían de madrugada en Adamuz sustrayendo pruebas y, por supuesto, qué pactaron con Bildu”, ha afirmado la diputada.
En su contestación, Bolaños ha señalado que “no hay bulo en el que usted no se revuelque” y ha defendido la nueva ley de publicidad institucional, que, según ha explicado, busca impedir que “acosadores disfrazados de periodistas amedrenten a políticos progresistas”. Además, le ha reprochado ser “la musa del bulo del 11M” y de “seguir emponzoñando la convivencia”, aunque ha remarcado que la parlamentaria del PP es “un activo electoral para el PSOE”.
Acusaciones cruzadas por Bildu, ETA y el accidente de Adamuz
En otro turno de la sesión, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha iniciado su intervención denunciando la “vergüenza sin precedentes” de que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua, reclame la desclasificación de documentos del 23-F “cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA”. “Es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del PSOE con ustedes, herederos de una banda terrorista”, ha lanzado.
Tellado ha aludido también al accidente ferroviario de Adamuz y ha dirigido sus críticas al Ministerio de Transportes, después de conocerse que Adif retiró materiales del lugar del siniestro sin autorización del Juzgado de Instrucción.
“¿Esto es lo que usted entiende por colaborar con la Justicia, ¿qué decisiones han tomado desde su Ministerio para garantizar que el Gobierno de España colabore y aclarar por qué?, ¿quién y por qué dio la orden de retirar esos materiales de madrugada para impedir la investigación de la Guardia Civil?”, ha planteado al ministro.
En su respuesta, Bolaños ha reiterado que “no hay bulo en el que no se revuelque” el PP y ha asegurado que “ha quedado acreditado” la colaboración del Gobierno en la investigación de ese accidente”. “¿Quiere que recordemos cómo colaboraba el PP en las investigaciones judiciales que le afectaban? Martillo en mano”, ha remachado.
El titular de Presidencia ha defendido igualmente que el Ejecutivo impulsa medidas para prevenir la corrupción y las irregularidades. Entre ellas, ha mencionado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la Ley Integral de Protección del Estado Público y también de la Integridad Pública, así como el “refuerzo de los medios de la Fiscalía para luchar contra la corrupción privada y pública”.
Choque por la regularización de inmigrantes y el “efecto llamada”
Posteriormente ha intervenido la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, que ha preguntado a Bolaños si el Gobierno es “algo más que un generador de efecto llamada para delincuentes”, aludiendo al borrador de regularización de inmigrantes en situación irregular.
Gamarra ha defendido que el decreto implica “un coladero de delincuentes” porque “les basta una declaración responsable que diga que no tienen antecedentes penales en sus países para que se puedan beneficiar de la residencia en España” y ha censurado que no se valoren “los procedimientos penales que tienen abiertos en España, o los antecedentes policiales”.
En su réplica, Bolaños ha pedido a la diputada 'popular' que se lea el borrador de Real Decreto de regularización porque, según ha indicado, “no va a poder repetir la sarta de falsedades que acaba usted de pronunciar en esta Cámara”. Ha añadido que el Gobierno ha puesto en marcha medidas de transparencia y ha avanzado “la mayor convocatoria de la historia de jueces, magistrados y fiscales”.