El PP se dispone a utilizar de nuevo su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este miércoles un nuevo pulso institucional frente al Gobierno y el Congreso, a raíz del veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas a la ley contra la multirreincidencia que pretendían acotar el proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.
Con esta maniobra, los 'populares' activarán el primer trámite necesario para poder llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional (TC) mediante un conflicto de atribuciones entre órganos del Estado.
El mecanismo del conflicto de atribuciones arranca a iniciativa de un grupo parlamentario, en este caso el PP, y se aprueba en el Pleno del Senado gracias a su mayoría absoluta. Desde ese momento, la Cámara Alta lo asume como propio y lo remite formalmente al Congreso y al Gobierno.
A partir de ahí, tanto el Congreso como el Gobierno disponen de un mes para responder desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también pueden optar por no contestar y dar el asunto por zanjado. Si finalmente se rechaza, el Senado tiene la opción de abrir la vía para elevar el caso al Tribunal Constitucional (TC).
Un uso inédito del conflicto institucional en la Cámara Alta
El PP ha explotado en esta legislatura su mayoría absoluta en el Senado para recurrir de forma reiterada a la figura del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un instrumento hasta ahora inédito en la Cámara Alta y que ya se ha activado en torno a una decena de ocasiones contra el Congreso o el Gobierno.
El grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo ha recurrido a estos choques institucionales con el Congreso y el Ejecutivo por distintos motivos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo del Congreso a leyes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un Pleno.
El primer conflicto entre órganos constitucionales de la etapa democrática lo promovió el PP hace ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al considerar que se trataba de "una reforma Constitucional encubierta".
Este enfrentamiento institucional, sin precedentes desde la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978, continuó su curso hasta que el Congreso se negó a retirar la Ley de Amnistía, dejando la decisión final en manos del PP en el Senado.
Finalmente, los 'populares' aprobaron un mes después en la Cámara Alta un escrito con el que dejaban sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, renunciando así a elevarlo al Tribunal Constitucional (TC).
Más de diez conflictos en solo dos años
Tras aquel primer pulso por la amnistía, el PP abrió un camino de más de una decena de conflictos de atribuciones en estos dos últimos años por distintos motivos, varios de los cuales sí han terminado ante el Tribunal Constitucional.
Uno de estos conflictos se refiere a la ley que permite conmutar a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, al entender el PP que el Senado había vetado la norma y que el Congreso desoyó esta decisión.
El PP también llevó un conflicto ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, situación que se repitió con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.
En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP promovió un nuevo choque institucional desde el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a "revocar la corrección de errores" introducida "manera fraudulenta" en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez concluida su tramitación parlamentaria.
Ausencias de Sánchez y falta de Presupuestos
Otro de los conflictos institucionales avalados por el PP en el Senado se dirigió contra el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley aprobadas en la Cámara Alta.
Además, a finales del año pasado, el Senado acordó elevar al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno, a instancias del PP, por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Por último, el Senado puso en marcha a finales de marzo las actuaciones para llevar ante el Constitucional el choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en un Pleno extraordinario celebrado en enero.