El PP aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para poner en marcha esta semana la tramitación de una proposición de ley de “defensa y protección” de los símbolos nacionales --entre ellos la bandera de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey-- que incorpora un régimen de sanciones para los cargos públicos, con vetos de nombramiento de hasta cuatro años.
El texto registrado por el PP, al que ha tenido acceso Europa Press, figura ya en el orden del día del Pleno del Senado de esta semana y, gracias a la mayoría absoluta de los ‘populares’, superará sin dificultades este primer trámite. Una vez aprobada en la Cámara Alta, la proposición de ley será remitida al Congreso, que deberá decidir si continúa la tramitación parlamentaria de la norma o si opta por tumbarla.
Los ‘populares’ argumentan que actualmente no hay una mención específica a la defensa y protección de las banderas, escudos e himnos de España, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, más allá del delito de ultraje previsto en el Código Penal.
En consecuencia, sostienen que esta iniciativa legislativa “viene a llenar ese vacío normativo”, fijando las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales del Estado. La propuesta se compone de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, repartidos en tres capítulos.
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A efectos de esta ley impulsada por el PP, se consideran símbolos oficiales: la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y el estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.
El PP recalca que estos símbolos deberán exhibirse en sus respectivos ámbitos territoriales, salvo en los supuestos de colocación puntual de otros símbolos como gesto de cortesía hacia otros Estados o comunidades en el marco de visitas oficiales.
Al tratarse de una norma de carácter administrativo y en función de su ámbito subjetivo, la protección de estos símbolos se “circunscribe” al espacio físico y a los edificios y locales que sean de titularidad de cada administración pública.
Las obligaciones de defensa y protección recaerán sobre los altos cargos, que quedarán sometidos a un régimen sancionador graduado en distintos niveles.
Las infracciones calificadas como graves conllevarán la pérdida del derecho a percibir la indemnización por cese en el cargo, mientras que en el caso de las muy graves se añade la imposibilidad de que esos cargos públicos o autoridades puedan volver a ser nombrados como tales durante un plazo de cuatro años.