El PP aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para someter a votación en el Pleno de la próxima semana la puesta en marcha de una comisión de investigación centrada en la situación de la red ferroviaria española, incluyendo la alta velocidad, Rodalies en Cataluña y los servicios de Cercanías, tal y como anunció hace unas semanas el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.
La decisión se materializa tras la comparecencia en un Pleno extraordinario del ministro de Transportes, Óscar Puente, convocado para explicar los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). En una entrevista televisiva, Feijóo avanzó que el PP promovería una comisión parlamentaria para revisar el estado del sistema ferroviario en todo el territorio nacional.
De este modo, el grupo mayoritario en el Senado ha formalizado ya la solicitud de creación de esta nueva comisión de investigación —la sexta que se constituye en la Cámara— y ha registrado su inclusión en el orden del día del próximo Pleno.
En un comunicado, el PP sostiene que “Los españoles sufren retrasos y cancelaciones en sus viajes e inseguridad en sus desplazamientos. Y todo ello por la negligente gestión del Gobierno de Sánchez y Puente, que han abandonado las infraestructuras ferroviarias y que han priorizado las redes sociales, las mordidas y los enchufes de sobrinas en el Ministerio, en vez de las redes ferroviarias”.
Fiscalizar la gestión desde la llegada de Sánchez a Moncloa
Cuando registraron la iniciativa, los 'populares' explicaron que su propósito es examinar “la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Renfe y de Adif en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario español”.
En particular, reclaman que la comisión se centre en los contratos adjudicados por Adif y Renfe, los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad y el control de las “inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018”, fecha en la que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno.
El PP argumenta que el sistema ferroviario “atraviesa desde hace años un proceso continuado de deterioro operativo, técnico y de fiabilidad que ha dejado de ser coyuntural para adquirir un carácter claramente estructural”.
A su juicio, “Este deterioro afecta al conjunto de la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, y se manifiesta en la proliferación de incidencias graves, retrasos sistemáticos, cancelaciones, restricciones de velocidad, vibraciones excesivas, fallos recurrentes de infraestructura y material rodante, descarrilamientos, deficiente información a los viajeros y una pérdida progresiva de confianza por parte de usuarios y profesionales del sector”.
“Crecimiento anómalo” de los descarrilamientos y fallos de seguridad
Los 'populares' subrayan además que las estadísticas oficiales reflejan “un incremento significativo de los accidentes ferroviarios desde 2018, con un máximo histórico en 2023 y una evolución posterior que no corrige el deterioro acumulado”. Añaden que, de forma “especialmente alarmante”, los descarrilamientos “han experimentado un crecimiento anómalo, situando a España entre los países europeos con peores indicadores de seguridad ferroviaria en los últimos años”.
El PP mantiene que estos sucesos no son “episodios aislados”, sino que se enmarcan en un escenario de “infraejecución prolongada de la inversión ferroviaria en materia de mantenimiento y seguridad”, agravado por “la presión operativa derivada de la liberalización del transporte de viajeros, sin que conste un refuerzo previo, suficiente y acreditado de los recursos destinados al mantenimiento, la supervisión y el control de la infraestructura común”.
En este contexto de “deterioro acumulado”, el PP sitúa el accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, con 45 víctimas mortales y decenas de heridos, y el posterior descarrilamiento en Gélida (Barcelona) el 20 de enero, con un maquinista fallecido y decenas de heridos. A su entender, estos accidentes han evidenciado “deficiencias graves en el estado de la infraestructura, en los sistemas de inspección y mantenimiento, en la gestión del riesgo y en la respuesta institucional posterior”.
Además, el partido considera que la reacción del Ministerio de Transportes tras estos siniestros “ha evidenciado déficits relevantes en transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades políticas”, así como “una preocupante falta de atención a las advertencias formuladas desde hace años” por los maquinistas.
Ámbitos de la investigación parlamentaria
Por ello, el Grupo Popular que encabeza Alicia García plantea la creación de una comisión de investigación en el Senado para revisar la gestión del Ejecutivo de Sánchez desde 2018. Entre las materias a abordar, citan “la planificación, ejecución y control de las inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018”; la situación de la red de Cercanías y Rodalies; y la gestión de las Limitaciones Temporales de Velocidad y su impacto en la seguridad y la calidad del servicio.
El PP reclama igualmente que se analice la estructura de dirección y los procesos de toma de decisiones en Adif y Renfe y “su influencia en la continuidad y eficacia de la gestión”, así como la respuesta institucional ante los accidentes ferroviarios graves y la atención prestada a las recomendaciones técnicas y profesionales.
En el documento registrado, piden también estudiar “la adecuación de los sistemas de inspección, control y protección de la circulación ferroviaria a las condiciones de la infraestructura y densidad de tráfico; la situación actual de los sistemas de comunicación y localización en todos los trenes que sirvan para ubicarlos de manera exacta y en tiempo real; y los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad, y en particular de la línea Madrid-Sevilla”.
Asimismo, el PP exige que se revisen los contratos adjudicados por Adif y Renfe, en especial los vinculados a mantenimiento, conservación, seguridad y sistemas críticos, su grado de ejecución y control, y sus efectos sobre la seguridad ferroviaria. Reclama, además, un análisis de las condiciones laborales y quiere aclarar si se produjo la “supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis”.
Incumplimientos normativos y falta de planes de choque
En su escrito, los 'populares' insisten en los “incumplimientos legislativos” que atribuyen al Gobierno, entre ellos la ausencia de un Plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria previstos en la Ley de Movilidad Sostenible.
También destacan que sigue pendiente la aprobación del Estatuto orgánico contemplado en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, por la que se crea la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, así como la transposición de la directiva europea sobre resiliencia de las entidades críticas, “cuyo incumplimiento ha motivado que la Comisión Europea, en julio de 2025, la emisión de un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción”, según el PP.