El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que busca censurar la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien achaca una “nefasta gestión” al frente del departamento, que, a su entender, “se ha traducido en un alarmante incremento” de los delitos más graves contra la libertad sexual de mujeres y menores.
La iniciativa, que se debatirá en el Pleno, reclama igualmente al Gobierno un refuerzo del número de agentes y de los recursos destinados a la seguridad ciudadana en las provincias con mayores problemas de delincuencia, así como el aumento inmediato de los efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, dotándola de más personal y medios materiales.
Del mismo modo, la proposición, difundida por Europa Press, plantea introducir cambios en el Código Penal para endurecer las penas de los delitos sexuales más graves, garantizar su cumplimiento íntegro y valorar la ampliación de la prisión permanente revisable a depredadores sexuales y violadores reincidentes.
El texto incorpora también medidas para combatir el tráfico y la trata de inmigrantes irregulares y para impulsar reformas legales que permitan expulsar a extranjeros condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, especialmente en los delitos contra la libertad sexual, vetando su regreso y residencia en España.
Entre las propuestas del Grupo Popular figura además la petición de los cambios normativos necesarios para reforzar la protección de las víctimas y asegurar, con recursos legales, humanos y materiales adecuados, la seguridad ciudadana y la “protección real” de las mujeres.
“SOBRERREPRESENTACIÓN DE AGRESORES EXTRANJEROS”
En la exposición de motivos, el PP sostiene que entre la ciudadanía está creciendo la inquietud por el “incremento sostenido de la inseguridad ciudadana” y afirma que las estadísticas oficiales “confirman un aumento de casi todas las tipologías delictivas en los últimos años, especialmente las de mayor gravedad”.
De acuerdo con la iniciativa, desde 2018 los delitos contra la libertad sexual han repuntado un 66%, al pasar de 13.782 en 2018 a 22.846 en 2024, según el Informe sobre delitos sexuales de 2024 del Ministerio del Interior. Añade que las agresiones sexuales se han incrementado un 71,2% y las violaciones un 90,3%, y que los últimos datos del Portal Estadístico de Criminalidad, relativos a la variación 2024/2025, corroboran esta tendencia.
La PNL señala que el Observatorio Nacional de Violencia Sexual fija en el 13,9% el porcentaje de víctimas que denuncia y recoge aumentos de este tipo de delitos en provincias como Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida, así como en otras del territorio nacional, entre ellas Zamora o Salamanca.
El texto alude igualmente a la reincidencia, a deficiencias en los sistemas de protección de las víctimas y a la sobrerrepresentación de agresores extranjeros en los delitos contra la libertad sexual, destacando la necesidad de una respuesta “firme y urgente” por parte del Gobierno de España.
Según las cifras incluidas en la proposición, en 2024 el 39,24% de los detenidos o investigados por estos delitos eran extranjeros. “En este contexto, resulta fundamental que las administraciones públicas conozcan con precisión los perfiles de los agresores para diseñar políticas de prevención basadas en datos reales y actuar con mayor eficacia”, señalan.