El PP someterá a debate en el Pleno del Congreso del próximo martes un plan integral con medidas de carácter urgente para contener el aumento del uso de armas blancas en la comisión de delitos de gran violencia. El texto incluye, entre otros puntos, la ampliación del catálogo de armas blancas prohibidas, el refuerzo de los controles en las ventas por Internet y la revisión de la Ley Penal del Menor.
Este miércoles, en respuesta a una pregunta del portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a impulsar "a la mayor brevedad" nuevas actuaciones para combatir el uso de armas blancas en espacios públicos y "evitar disfunciones".
La proposición no de ley del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a endurecer los requisitos y controles frente a distribuidores irregulares, reforzar los sistemas de identificación de compradores y revisar las normas de intervención en plataformas 'online' donde, según advierte, es posible adquirir estos objetos sin verificación de edad ni trazabilidad de la compra.
Asimismo, el PP plantea reformar los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana para tipificar como infracciones muy graves portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de forma negligente, temeraria, intimidatoria o fuera de los lugares habilitados para ello, siempre que estas conductas no constituyan delito.
En el mismo bloque, los populares proponen incorporar al artículo 36 de dicha ley la exhibición de objetos peligrosos para la vida o la integridad física con finalidad intimidatoria, cuando no alcance la categoría de delito o infracción muy grave. También reclaman fijar en los artículos 33 y 39 una progresión "precisa y rigurosa" de las sanciones ligada a la reincidencia en infracciones graves por tenencia y exhibición de armas blancas.
La iniciativa incluye igualmente la modificación de los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para fijar normas "más claras y estrictas" sobre la detención de quienes muestren armas blancas con ánimo de intimidar.
En paralelo, el Grupo Popular propone cambios en el Código Penal para introducir en el artículo 148.4 la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas; aumentar en el artículo 563 la horquilla de prisión por tenencia de armas prohibidas, que pasaría de uno a tres años a un rango de dos a cinco años; y valorar que la reiteración en infracciones graves o muy graves, así como el incumplimiento de las sanciones impuestas, tenga efectos directos en la responsabilidad penal.
El paquete de medidas se completa con la revisión de la Ley del Menor, con el fin de adaptar los preceptos relativos a las medidas aplicables a menores infractores que utilicen armas blancas en los hechos por los que sean condenados, así como a las medidas cautelares que se les puedan imponer.
Repunte de agresiones y sanciones por armas blancas
En la exposición de motivos, el PP sostiene que desde la pandemia los altercados y agresiones con arma blanca han aumentado "exponencialmente" en todo el territorio, destacando la magnitud de las cifras en comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco.
El documento recuerda que los sindicatos policiales llevan tiempo advirtiendo de que el fenómeno exige una respuesta inmediata porque "no se trata de repuntes puntuales". Señala además que antes las amenazas solían ser verbales, mientras que ahora "en el 41 por ciento de los casos se usa un arma blanca".
El texto detalla que en 2024 se alcanzó en la Comunidad de Madrid el máximo histórico de sanciones administrativas por portar armas blancas, con 4.251 multas, el registro más elevado de los últimos ocho años y un incremento del 60,8% respecto a 2017. Esa cifra supone, además, el 14,1% de todas las infracciones de este tipo detectadas en España en ese ejercicio.
Según el PP, entre 2020 y 2023 el decomiso de armas blancas en Cataluña creció un 65%, mientras que en 2022 las sanciones por tenencia de armas ascendieron a 6.267 denuncias administrativas, un 80% más que en 2019. Añade que, en el conjunto del país, las agresiones con arma blanca aumentaron un 35% en cuatro años y que, con datos de 2022, cada día se producían diez agresiones con estos instrumentos.
Además, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 apunta que, en 2024, en el ámbito de los feminicidios el método más utilizado continuó siendo el de las armas blancas, empleadas en 17 casos, un 34%. Por ello, algunas fiscalías especializadas plantean introducir la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas en la conducta descrita en el artículo 148.4 del Código Penal con carácter imperativo.
Críticas al protocolo del Ministerio del Interior
La proposición recuerda que el Ministerio del Interior aprobó en 2022 una instrucción con un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el control de armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana, actualizado posteriormente mediante la Instrucción 9/2025, de 26 de junio. Sin embargo, subraya que, pese a esta actualización, los Cuerpos de Seguridad consideran que dicho protocolo no basta para garantizar una actuación eficaz porque "es la normativa la que no es suficiente o no es clara".
En opinión del PP, esta reforma "no ha resuelto todos los problemas" a los que se enfrenta la labor policial, "en particular la de criterios diversos en las distintas comunidades".
Finalmente, los populares consideran imprescindible "un estudio detenido" de las reformas legales necesarias, contando con el criterio de las Fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces. Al mismo tiempo, advierten de que cualquier cambio normativo será insuficiente si no se refuerzan los dispositivos frente a las reyertas con armas blancas en las zonas con mayor incidencia, dotando de suficientes efectivos policiales y medios de protección a las unidades más directamente implicadas en la lucha contra la delincuencia violenta.