El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el objetivo de reforzar las garantías del derecho a la educación del alumnado con necesidades educativas especiales.
Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama al Gobierno que modifique la Ley de Educación (LOMLOE) “para asegurar que los centros de educación especial mantengan su función de escolarización”.
En coherencia con esta petición, la propuesta plantea que se recoja en la norma que la educación inclusiva “será aquella que mejor se adecúe a la situación individual del alumno, con el fin de garantizar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y su inclusión efectiva en la sociedad”.
El Grupo Popular propone, además, que se incluya de forma explícita que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos “tiene como finalidad el máximo desarrollo personal del alumno, y su inclusión en la sociedad, mediante una enseñanza de calidad”.
Asimismo, el texto registrado subraya la necesidad de que los alumnos con necesidades educativas especiales “sean escolarizados en función de sus necesidades, innovando, flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas, a fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno”.
Para el PP, la inclusión educativa “no puede identificarse con una única modalidad organizativa, sino con aquella que, tras la correspondiente valoración técnica, permita alcanzar el máximo desarrollo personal del alumno y su inclusión efectiva en la sociedad”.
En consecuencia, el grupo parlamentario considera necesario garantizar el derecho a la educación de estos estudiantes, reforzando la función estructural de los centros de educación especial, regulando de forma expresa la permanencia en el sistema al menos hasta los 21 años, dando prioridad a la participación efectiva de las familias en las decisiones de escolarización, impulsando la atención temprana como herramienta preventiva clave y asegurando un marco de financiación adecuado y suficiente.