La senadora del PP María Jesús Bonilla ha puesto en entredicho la eficacia, el procedimiento de homologación y el precio de la baliza V16, reclamando además al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare si se ha producido “trato de favor” hacia determinadas empresas. Frente a estas críticas, el responsable de Interior ha defendido la implantación del dispositivo, subrayando que su finalidad es “salvar vidas” y que está “perfectamente certificada”.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Bonilla ha instado al ministro a detallar “dónde están los informes que avalan la eficacia de esa baliza”, remarcando que “hay muchas dudas y ninguna certeza” y que “son muchos los expertos, incluso parte de la Guardia Civil, que la cuestionan”.
La parlamentaria popular ha calculado en “más de 1.500 millones de euros” el desembolso que tendrán que asumir los ciudadanos por la compra de las balizas, incluyendo “más de 300 millones en concepto de IVA”, y ha puesto sobre la mesa si la medida obedece realmente “a la seguridad vial o para recaudar”. También ha afeado al Ejecutivo que no notificara esta obligación a la Comisión Europea “cuando tenían obligación”, concluyendo que se ha forzado a los conductores a adquirir un dispositivo “que no tenemos la tranquilidad de que sea legal” ni “contrastado que sea seguro”.
En su intervención, Marlaska ha replicado que la baliza V16 “ha sido estudiada durante los últimos ocho años” y ha remarcado que la Comisión Europea “no solo ha dado el visto bueno” a la normativa, sino que ha destacado que “España es un ejemplo en medidas de seguridad vial, estando la siniestralidad por debajo de la media europea”.
El ministro ha incidido en que en torno al 10% de las muertes en vías interurbanas corresponde a personas que se encuentran fuera del vehículo y ha precisado que “un 25% del 10% eran personas que estaban saliendo de sus vehículos para colocar los triángulos”. A su juicio, la nueva señal luminosa pretende reducir estos riesgos al evitar que los conductores tengan que abandonar el habitáculo.
“Lo importante, vuelvo a decir, es salvar vidas”, ha reiterado Marlaska, defendiendo que la prioridad es minimizar el peligro en carretera. Ha recalcado además que las balizas “están homologadas” por el Ministerio de Industria y por “las entidades adecuadas, perfectamente certificadas y evaluadas continuamente”, situando su precio en “40 euros”. Según ha avanzado, en los tres primeros meses de aplicación “se ha reducido un 19% el número de víctimas mortales”, si bien ha matizado que el impacto de la medida deberá analizarse a más largo plazo.
El ministro ha recordado igualmente que “ha habido otras medidas que también ustedes criticaron. Ustedes criticaron que se instalara el cinturón de seguridad en los asientos de atrás. Ustedes criticaron también el carne por carne. Y hemos reducido de 4.500 fallecidos en siniestros viales en el año 2004-2005, ahora se va a cumplir 20 años, a 1.200. Todas estas medidas vienen para quedarse y para salvar vidas”.
En su turno de réplica, Bonilla ha insistido en que el Gobierno sigue sin aportar los informes requeridos. Ha sostenido que España es “el único país de la Unión Europea que tiene esta medida” y ha alertado de “un aumento” reciente de atropellos, afirmando que la baliza V16 “genera desigualdad y que genera peligro o, por lo menos, no está contrastado”.
Al término del debate, la senadora ha reclamado la dimisión de Grande-Marlaska al considerar que “no puede continuar en su sitio”. El ministro ha rechazado tajantemente las acusaciones, asegurando que “con los españoles, con la Seguridad Vial, sí que no se juega y no se miente”, negando cualquier vínculo entre el repunte de atropellos y la baliza, y acusando al PP de “faltar a la verdad”. Ha concluido defendiendo que el dispositivo reduce la necesidad de salir del vehículo y, con ello, el riesgo de atropello en carretera.